El Ministerio de Justicia dio un volantazo y cambió, el pasado fin de semana, el criterio emitido apenas unas horas antes en cuanto a la posibilidad de inscribir a los bebés concebidos en otro país a través de la gestación subrogada. El 15 de febrero la Dirección General de Registros y Notariado, que depende del ministerio, envió una instrucción a todos los consulados para informarles de que una prueba de ADN bastaría para inscribir a los niños en los países que no emiten sentencias de filiación paterna, como Ucrania, donde varias familias españolas están a la espera de formalizar los trámites. Sin embargo, al día siguiente Justicia dejó sin efecto las órdenes emitidas.

El motivo, según explicó la ministra, Dolores Delgado, en La Sexta y RNE, es que ella «no tuvo conocimiento» de la instrucción, y por eso, cuando lo supo, la frenó «personalmente», en pleno fin de semana.

El Gobierno no dio detalles de quien es el responsable. Fuentes de Justicia trataron de minimizarlo al calificarlo de «error» humano, puesto que ni siquiera se publicó en el BOE. Lo cierto, es que la instrucción era sorprendente porque suponía dar facilidades a las familias que acuden fuera a satisfacer su deseo de ser padres, en un contexto en que el Gobierno abjura de la maternidad subrogada.