El dictamen del Constitucional se emitió a raíz de una demanda de amparo presentada por Abdelhakim I., a quien un juzgado de Las Palmas ordenó el ingresó en prisión provisional el 6 de junio del 2002 por estafa. Ese mismo día comenzó a cumplir una sentencia de dos años y tres meses de prisión por un delito cometido con anterioridad. Mientras cumplía condena en un centro penitenciario por la segunda causa, Abdelhakim I., siguió como preso preventivo por la primera, hasta que fue condenado por ésta.
El preso argumentó que tenía que descontarle los nueve meses y catorce días que transcurrieron hasta que fue juzgado y le recayó la segunda condena. El Tribunal Constitucional le dio la razón.
