La Delegación del Gobierno en Cataluña está "abierta al diálogo" con la Asamblea por la Regularización sin Condiciones, aunque seguirá con los trámites de expulsión de 17 del millar de inmigrantes que se encerraron el sábado en la catedral de Barcelona.
El desalojo de los emigrantes ha motivado una petición del PP para que dos ministros expliquen en el Congreso lo sucedido.
Las repercusiones por la decisión de desalojar a los inmigrantes "sin papeles" continuaron ayer, día en que la plataforma que los agrupa ha presentado en la Delegación del Gobierno una petición enfocada a "tratar los temas que han originado nuestra protesta".
Por su parte, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha anunciado en Luxemburgo la contratación extraordinaria de 39 personas en las oficinas de Extranjería de Cataluña para reducir el "colapso" por la renovación de permisos de residencia y trabajo de inmigrantes legales.
La secretaria de Estado ha calificado de "bastante lamentable" la situación de la Delegación del Gobierno de Barcelona, donde, ha asegurado, se acumulan cerca de 45.000 expedientes sin resolver, un 53% de los cuales corresponden a procesos de renovación de permisos ya concedidos, un "colapso" que ha achacado a la "mala gestión del anterior Gobierno".
El subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells, ha afirmado que está "abierto al diálogo" con los representantes de la Asamblea por la Regularización "siempre considerándola como un interlocutor más" y "sin presiones ni condiciones maximalistas".
