La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 1.206.081 euros y ha detenido a una empresaria en Úbeda (Jaén) y a 48 falsos empleados en Castellón que obtuvieron de forma irregular, a través de empresas ficticias, subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal.
Esta es la segunda fase de una operación en la que ya se detuvo a 36 personas el pasado mes de mayo, entre ellas los administradores de las mercantiles, y en la que el total defraudado asciende a 1,6 millones de euros.
Así lo ha explicado hoy en rueda de prensa en Castellón la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, junto al subinspector de la Comisaría Provincial de Castellón, Pedro Cervantes.
Los supuestos trabajadores habían sido dados de alta en dos empresas ficticias creadas con la única finalidad de contratar a esas personas para que obtuviesen las prestaciones, y algunos de los detenidos llegaron a cobrar más de 26.000 euros.
Todos los detenidos de la segunda fase de la operación han quedado en libertad después de haber prestado declaración en dependencias policiales durante la última semana.
La investigación se inició tras detectar la Seguridad Social ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas, y se descubrió que se trataba de un entramado empresarial en el que sus administradores habían urdido un plan que se convirtió en su "modus vivendi.
En la primera fase de la investigación se detuvo también a un gestor autorizado del denominado "Sistema Red", sistema por el que se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la propia Seguridad Social.
En la segunda fase, se ha detenido a una empresaria en Úbeda (Jaén) y a los falsos empleados en Castellón, quienes habían pagado entre 400 y 3.000 euros para ser contratados y así poder optar a las prestaciones.
Del análisis de la documentación intervenida, la Policía ha determinado que la práctica totalidad de estas empresas se habían creado para defraudar a la Seguridad Social y el Servicio Público Estatal de Empleo (SPEE), mediante la obtención irregular de prestaciones o subsidios.
Además, ninguna de las mercantiles satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los empleados dados de alta, superando en un caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal.
La policía solicitó al SPEE los expedientes por desempleo de los trabajadores que habían simulado una relación contractual con las empresas investigadas, que en algunos de los casos también correspondían a ciudadanos extranjeros que pretendían regularizar su situación en España.
El fraude destapado asciende a 1.206.081 de euros, de los que 665.151 son impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social y 540.929 euros corresponden a los subsidios percibidos ilícitamente del SPEE por los supuestos trabajadores.
La delegada del Gobierno ha manifestado que este tipo de fraude a la Seguridad Social no solo es un delito, sino una muestra de "insolidaridad", y el subinspector ha destacado que no se descarta que se produzca una tercera fase, con detenciones de implicados en nuevas tramas.
