Ecuador se ha sumado a otros cinco países de Sudamérica que han efectuado alguna reforma legal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, con un histórico fallo de la Corte Constitucional cuyo inequívoco alcance está ahora en manos del Gobierno y la Asamblea Nacional. El pronunciamiento, el miércoles, del pleno de la Corte Constitucional, con cinco votos a favor y cuatro en contra, ha inundado de alegría a la comunidad LGTBI+ del país latinoamericano, que lleva años luchando para se equiparen sus derechos a los del resto de la población.
El fallo reivindica «las oportunidades de grupos vulnerables que han sido discriminados en su lucha permanente por la igualdad, la protección legal y la libre decisión», dijo el Defensor del Pueblo ecuatoriano, Freddy Carrión Intriago, que respaldó el proceso ante el tribunal.
Para ese organismo se trata de un «avance histórico» de los derechos humanos que sitúa a Ecuador, un país notoriamente conservador, a la vanguardia de los estados latinoamericanos, pues, según el alto funcionario, solo Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia y Uruguay «ya han aprobado alguna reforma legal de matrimonio igualitario».
El fallo, cuyo alcance práctico está siendo ahora estudiado por los organismos de gobierno y juristas, se produjo después de meses de retrasos y a raíz de una consulta formulada a la más alta instancia judicial de Ecuador por una inferior de la provincia de Pichincha.
Esta pidió la opinión de los jueces constitucionales sobre la validez de una resolución judicial que se expidió en enero del 2018 sobre los derechos de la población LGBTI+ a la igualdad y no discriminación, identidad de género y derechos de familia. Con ese argumento en mano, dos parejas ecuatorianas solicitaron inscribir su matrimonio, lo que les fue denegado por el registro civil local, por lo cual acudieron a la justicia.
Uno de los demandantes, Efraín Soria, presidente de la Fundación Equidad y que lleva con su pareja doce años de relación, explicó a Efe que en el 2013 iniciaron la lucha por el matrimonio igualitario, aunque en aquel momento fue por el caso de otra pareja. Del veredicto actual dijo que «va a influenciar positivamente» porque van «a dejar de ser ciudadanos de segunda para ser ciudadanos de primera y poder ejercer los mismos derechos». Y habló ya de una nueva lucha para que se permita que las parejas homosexuales puedan acceder a mecanismos legales para formar una familia con hijos, pese a los prejuicios que aún existen en la sociedad ecuatoriana.
La resolución insta asimismo a los países que son miembros del denominado Pacto de San José, entre ellos el propio Ecuador, a abrir sus ordenamientos jurídicos internos.
