España tiene 2,3 millones de personas mayores de 65 años que son dependientes. Esto supone que para realizar la más sencilla acción cotidiana necesitan ayuda. Si no cuentan con una familia que les atienda, lo pasan mal, porque el sector público sólo aporta el 27% de los recursos que necesitan. Si existe esa familia, el cuidado recae casi siempre en una mujer, cuya vida personal y laboral sufre un serio desequilibrio. Ante este panorama, las asociaciones de mayores de España reclaman que se regule un seguro de dependencia para garantizar el cuidado de los que no pueden valerse por sí mismos.
El sexto Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores, celebrado en Valladolid la semana pasada, alertó de la urgente necesidad de crear este recurso. "La realidad es que cada vez se vive más, pero también hay más personas que necesitan ayuda para vivir", dijo Eduardo Rodríguez, presidente de Ceoma (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) y del congreso.
UN COSTE DEL 0,6% DEL PIB
El seguro de dependencia consistiría en que, a través de algún impuesto finalista, se garantizase que las necesidades básicas de los ancianos dependientes quedasen cubiertas. Las estimaciones sitúan su coste en unos 3.217 millones de euros
(535.263,7 millones de pesetas), de los que las familias sufragan el
73%. Esta cifra supone el 0,6% del PIB, pero en 23 años el porcentaje se situará entre el 0,8% y el 1,2% del PIB.
"Hay miedo a las repercusiones financieras del seguro de dependencia --declara Rodríguez-- y por eso no prospera. Pero ése es un planteamiento erróneo. Simplemente con que el Gobierno no rebajase el IRPF y no subiese, como ha anunciado, el seguro social de desempleo (el seguro de dependencia crearía empleos), se lograrían los recursos suficientes".
En la reuniones del Pacto de Toledo, entre Gobierno, sindicatos y empresas, el seguro de dependencia ha estado siempre en el orden del día, pero ningún sector ha presionado lo suficiente para que se regule. "Es cierto que en esta cuestión no ha habido un liderazgo nítido, ni siquiera del PSOE", reconoció la diputada socialista Marina Geli.
SECTOR PUBLICO
Si el sector público no se da prisa en regular el seguro de dependencia, sí lo ha intentado el sector privado. Algunas mutuas han hecho estudios, e incluso han creado pólizas de dependencia. Pero los números no salen. Para que el sistema funcione se necesita una red de servicios muy potente, un alto número de cotizantes y un fondo inicial que sólo puede aportar el Estado. Sólo con eso se daría respuesta a la altísima demanda que se desencadenaría de inmediato.
