El Ministerio del Interior estudia la posibilidad de que los inmigrantes no comunitarios puedan ejercer como vigilantes privados, según confirmó en diciembre el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. La ley que regula el sector ordena que sólo pueden ser vigilantes los españoles, los europeos y los extranjeros con nacionalidad española. La apertura es una reivindicación de la patronal, que la ve como solución a la falta de personal.

Los sindicatos no se oponen, aunque admiten que es un asunto delicado. "Para poder acceder a la profesión, los vigilantes tienen que carecer de antecedentes penales. Si los extranjeros pueden ejercer, las autoridades deberán controlar mucho este aspecto porque en otros países no hay tanta regulación", explica Torrejón.