La Secretaría de Estado de Seguridad estudia la posibilidad de que los inmigrantes no comunitarios puedan ejercer como vigilantes privados, según han confirmado fuentes del Ejecutivo. Actualmente, esa función sólo la pueden desempeñar los nativos españoles, los ciudadanos de la UE y los extranjeros con la nacionalidad española. Así lo ordena la ley de seguridad privada de 1992.
Ante la actual imposibilidad de emplear inmigrantes para labores de vigilancia, muchas empresas han buscado soluciones alternativas alegales. Una de ellas es crear empresas de servicios en las que se contrata a extranjeros para labores auxiliares o de conserjería.
No son vigilantes, así que su labor es muy limitada. Por ejemplo, no pueden pedir documentación a nadie. Sin embargo, el resultado es que ejercen de vigilantes sin serlo. "No están formados ni habilitados para ello", destaca la presidenta de Seguriber, Mónica Oriol.
La patronal del sector lleva varios años reclamando el cambio de la ley de seguridad privada, que califican de "caduca", ya que hace 13 años el panorama de la inmigración en España no tenía nada que ver con el actual. Las empresas no consiguieron sus aspiraciones en la etapa de José María Aznar. Sin embargo, son "optimistas" respecto de las negociaciones mantenidas con el actual Ejecutivo, según explica Alfonso Tomás, presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser).
Actualmente, el total de vigilantes habilitados por Interior asciende a 110.198, de los que sólo 74.638 están en activo. Tomás afirma que la cifra no cubre la demanda, ya que el sector "tiene un déficit de 17.000 agentes". La falta de personal supone un grave prejuicio para las compañías.
CRITERIOS DE ADMISION A la hora de presentar argumentos a favor de sus reivindicaciones, el responsable de la patronal hace hincapié en la "contradicción" que supone tener inmigrantes en el Ejército, pero no en la seguridad privada.
Tomás añade que, igual que sucede en las Fuerzas Armadas, Interior debería decretar ciertos criterios de admisión. A su juicio, sería imprescindible que los extranjeros contaran con los permisos en regla, carecieran de antecedentes penales y llevaran residiendo en España un mínimo de dos años.
El responsable de la patronal añade que, si finalmente Interior acepta sus propuestas, muchos inmigrantes querrán trabajar como vigilantes. "Son puestos atractivos para los extranjeros porque, aunque se trabaja también los fines de semana, el sueldo asciende a unos 1.200 euros sin contar horas extras", afirma.
Las empresas de seguridad son conscientes de que muchos ciudadanos criticarán el hecho de que los edificios oficiales estén custodiados por vigilantes extranjeros y no por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo, insisten en que "pensar así es un error".
