La Unión Europea dispone desde hace más de un lustro, a raíz de la explosión de la plataforma Deep Horizon en México, de una normativa que fija requisitos mínimos para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias. Unas reglas que, a juicio del Parlamento Europeo, son insuficientes. De ahí que el pleno haya urgido este jueves a la Comisión Europea a trabajar con los gobiernos para acelerar las compensaciones y establecer procedimientos de reclamación adecuados para los sectores más afectados e incluir a las víctimas colaterales entre los posibles indemnizados.
Estas reivindicaciones figuran en una resolución sobre responsabilidad, indemnizaciones y garantías financieras en relación a operaciones de petróleo y gas en alta mar que ha sido adoptada por una aplastante mayoría: 506 votos favor, 106 en contra y 15 abstenciones. El texto se hace eco de los “incidentes” relacionados con la plataforma Castor frente a las costas de Castellón y Tarragona, que incluyeron “más de 500 terremotos”, y que afectaron “a miles de ciudadanos europeos”.
Una referencia aplaudida por varios eurodiputados catalanes porque “reconoce específicamente este grave desastre” y sienta las bases para que “los afectados de desastres de operaciones relativas al petróleo y gas mar adentro, tanto si son por causas directas como indirectas o colaterales, puedan reclamar en el futuro responsabilidades e indemnizaciones”, ha valorado Francesc Gambús (UDC). Según Ernest Urtasun (ICV), la resolución sirve para denunciar de nuevo “un escándalo como el caso Castor” y para subrayar que “se deben cambiar las normas para no permitir que algo así vuelva a ocurrir”, ha explicado.
SIN CARÁCTER VINCULANTE
El informe, aunque no tiene carácter vinculante, subraya la necesidad de incluir a “las víctimas de daños colaterales relacionados con las prospecciones, estudios y el funcionamiento de instalaciones mar adentro” en el grupo de beneficiados de indemnizaciones, de forma que también puedan presentar reclamaciones. Además, exige que los países comunitarios establezcan procedimientos para reclamaciones de indemnización y que se introduzca la responsabilidad penal a escala de la UE para añadir un elemento disuasorio al margen del que tienen las posibles sanciones civiles.
Y es que, las normas actuales, según denuncian, ni abordan la responsabilidad por daños civiles -desde lesiones humanas hasta daños materiales o pérdidas económicas- ni cubren la responsabilidad penal ante accidentes extraterritoriales cuando todo apunta a que el número de instalaciones situadas mar adentro va a aumentar "considerablemente en los próximos años". Por eso, defienden la ampliación del principio de “quien contamina paga”para que más allá de los costes de prevención y reparación del daño ecológico cubra también las indemnizaciones por daños y perjuicios tradicionales. En este sentido, recomienda que “los abusos o incidentes que surjan como consecuencia del desarrollo de las actividades de las empresas sean evaluados de manera cuantitativa y cualitativa” para subir los efectos secundarios.
