Algo más de 100.000 procesos judiciales se han tramitado por la vía inmediata en España en el primer medio año de vida de la fórmula, una cifra que permitiría hablar de éxito si no fuera porque el 40% de estos casos no culminaron con la celebración del juicio. El motivo, según diversas fuentes judiciales, es que la ambiciosa ley nació coja de medios, tanto materiales como humanos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentó el pasado 28 de octubre --cuando se cumplían los primeros seis meses de la puesta en marcha de esta ley-- una radiografía sobre su funcionamiento. Los datos globales indican que se han iniciado 104.198 juicios inmediatos en toda España; 40.327 de ellos, por delitos, y 63.871, por faltas.

Al margen de los procesos que, gozando de los requisitos para adaptarse a la tramitación por la vía inmediata, se han quedado en el cajón a la espera de turno, los seis primeros meses han demostrado otros desajustes, como la existencia de una justicia de ciudad y otra de pueblo. En la primera abundan los medios, en la segunda el sistema hace aguas.

Bastan unos ejemplos. La provincia de Barcelona, que junto a Sevilla fue pionera en este tipo de procesos en los Juegos Olímpicos de 1992, encabeza el ránking con 12.931 juicios inmediatos. Le sigue Madrid, con 8.223. Alicante obtiene la cuarta plaza, con 6.040, y Málaga se sitúa en el quinto lugar, con 5.982. Sin embargo, la realidad es bien distinta en provincias como Soria, que sólo tramitó 100 juicios inmediatos. En Extremadura, Cáceres celebró 1.335 y Badajoz 895.