La Fiscalía de Navarra solicitó ayer a la Audiencia la celebración de una vistilla para solicitar el reingreso en prisión de Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La manada, tras conocerse que intentó conseguir un pasaporte pese a la prohibición de salir del país. Considera que se produce así el riesgo de fuga que permitió su excarcelación e incluso pide que se investigue si podría constituir un nuevo delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa.
Su abogada niega ese riesgo y asegura que Guerrero fue a informarse sobre los trámites a seguir dado que había perdido el documento y que en un «exceso de celo» trató de obtener una copia para entregarla en el juzgado en tiempo y forma, tal y como fue requerido en el auto de libertad.
Según informó la Policía, tras pedir cita la pasada semana, Antonio Manuel Guerrero, condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines del 2016 junto a los otros miembros de La manada, se dirigió el lunes a una comisaria de Sevilla para solicitar la expedición del pasaporte.
Luego al identificarse saltó la alerta y se le comunicó la imposibilidad de realizar ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional. Sus abogados hablan de «malentendido», y dicen que ellos le aconsejaron que fuera a la Policía a informarse sobre el procedimiento a seguir para entregar el pasaporte, dado que Guerrero no lo localizaba.
Una hora después acudió a los juzgados a cumplir el otro trámite, el de la firma, donde informó de nuevo de la imposibilidad de entregar físicamente el documento.
El intento de solicitar el pasaporte saltó de inmediato a las redes sociales. «Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte... teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un juzgado. Así no», publicaron. Sus defensas se mostraron molestas con el comentario. «No todo vale», insistieron sobre este punto.
RECURSO / De forma paralela, la Fiscalía presentó ayer su recurso contra la libertad provisional de La manada, incidiendo precisamente en ese riesgo de fuga, ya que sobre ellos pesa ahora un castigo de nueve años de prisión. Asimismo, habla del riesgo de reiteración, aludiendo a que la investigación de una posible agresión sexual en Pozoblanco confirma que su conducta delictiva «no es un hecho aislado».
Y apelan además a la desprotección de la víctima, ya que la prohibición de entrar en Madrid queda en nada si la joven decidiese desplazarse fuera de la comunidad, lo que supone «una mayor limitación deambulatoria» para ella que para los condenados.
