El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se suprime la exigencia de adjuntar la fotocopia del DNI o del volante de empadronamiento --como documento que pruebe el domicilio y la residencia del interesado-- a cualquier formulario que los ciudadanos tengan que presentar ante la Administración central y los organismos que dependen de ella. Ambas medidas supondrán la eliminación de más de cuatro millones de fotocopias del DNI. También se eludirán diez millones de copias de certificados de empadronamiento.

El ahorro en papel irá acompañado de otro no menos importante. A partir de ahora, los españoles se ahorrarán siete millones de horas, tiempo dedicado anualmente por los ciudadanos a realizar trámites con la Administración central. Los usuarios no irán de ventanilla en ventanilla, sino que el propio departamento ante el que se solicita el expediente será el encargado de comprobar, de oficio, la identidad del interesado o los datos del domicilio.

Después de obtener la autorización de los interesados, esta consulta se realizará accediendo a la base de datos de la policía o del Instituto Nacional de Estadística para los empadronamientos. En caso de que el interesado no dé su consentimiento, deberá aportar la fotocopia del DNI.

ESTATUTO DEL COOPERANTE Por otra parte, el Consejo de Ministros también aprobó ayer el real decreto del estatuto del cooperante, una vieja reivindicación de las organizaciones no gubernamentales. La norma, que establece los derechos y deberes de quienes trabajan en programas de desarrollo y ayuda humanitaria en el extranjero, regula derechos como el "salario digno" de los cooperantes, el seguro médico cofinanciado por el Gobierno y las indemnizaciones en caso de muerte o invalidez.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la nueva norma supone dar "un paso firme" para que los cooperantes españoles gocen de "mayor seguridad y dignidad" en su trabajo.