La reforma de la ley del aborto será restrictiva con respecto a la actual y solo despenalizará las interrupciones voluntarias del embarazo si se dan una serie de circunstancias, pero no conllevará que las mujeres que aborten de forma clandestina acaben siendo castigadas con penas de cárcel, según se comprometió ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. "La ley protegerá a las mujeres porque en el aborto no son las culpables, sino las víctimas", argumentó.
Sus palabras no garantizan, no obstante, que someterse a un aborto ilegal no vaya a figurar en el Código Penal. Tal como recalcaron ayer los socialistas, la ley de supuestos de 1985 tampoco empujó a ninguna mujer a la cárcel, pero gracias a que los jueces "interpretaron la legislación de la forma más favorable al ciudadano", no porque no fuera delito. De hecho, tanto médicos como mujeres fueron investigados y perseguidos, dada la inseguridad jurídica que contenía aquella norma.
El PSOE y el ministro protagonizaron ayer un duro encontronazo parlamentario, jaleado por las bancadas respectivas, que giró en torno a posiciones ideológicas, puesto que Gallardón esconde, de momento, la letra pequeña.
El ministro negó que la intención de restringir el aborto responda a la presión de "lobis, jerarquías eclesiásticas o conspiraciones imaginativas". En el lado opuesto, los socialistas le acusaron de atender las peticiones de la Conferencia Episcopal, lo que en su opinión abocará a las mujeres al "aborto clandestino e inseguro". "¿Qué le han hecho las mujeres que quiere quitarles también la libertad para decidir cómo gobernar sus vidas. (...) Ya no toca lo de ser el progre del PP, ¿eh?", le espetó Elena Valenciano.
