El portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, advirtió ayer de las "consecuencias judiciales" que puede tener el conocer "la posible existencia de un riesgo evidente para la seguridad de las personas" en el metro de Valencia y no haberlo denunciado hasta después del accidente del pasado lunes.
Rambla hizo estas declaraciones tras la reunión del pleno del Ejecutivo valenciano que aprobó anticipar ayudas para los familiares de las 42 víctimas mortales del accidente, que percibirán hasta 60.000 euros en el caso de los cónyuges o personas que tuvieran con el fallecido una relación de pareja estable.
El conseller dijo que al Gobierno de Camps no le va "a temblar el pulso en relación a las acusaciones que de forma gratuita se puedan verter sobre este asunto", ya que, dijo, no se puede "consentir que se amedrente" a personas que durante años ha circulado con seguridad en el metro de Valencia. Ante el hecho de que algunos de los paros convocados por los sindicatos del metro tuvieran la seguridad entre sus reivindicaciones, Rambla afirmó que esta cuestión "forma parte de la reivindicación lógica y legítima de los sindicatos".
