Día histórico para los sordos. El Gobierno aprobó ayer dar rango oficial al lenguaje de signos que utilizan las personas con discapacidad auditiva, con el objetivo de que puedan participar plenamente en la vida activa. La normativa facilitará el aprendizaje de esta lengua en la escuela y permitirá a los sordos solicitar intérpretes en los servicios y ámbitos públicos y privados (como centros sanitarios, culturales, de ocio, transportes públicos, participación política y medios de comunicación).

El proyecto de ley establece la creación de un Centro de Lenguaje de Signos y de un Centro de Subtitulado, con el objetivo de investigar, fomentar, promover iniciativas, difundir y velar por el buen uso de esta lengua. Para implantar estas medidas, la memoria económica incluye una aportación anual de dos millones de euros por parte del Gobierno central.

EL PROXIMO CURSO La futura norma, que será tramitado en el Congreso de los Diputados y podría entrar en vigor antes del próximo curso escolar, responde a una reivindicación histórica de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que en su vida diaria deben superar barreras de comunicación que no detectan las personas con esta discapacidad.

"Los ciudadanos con problemas para oír no pueden ser ciudadanos de segunda. Con esta ley estamos poniendo a España a la vanguardia de las personas con discapacidad auditiva, con países pioneros como Francia y Finlandia", destacó la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Fuentes del Ministerio de Trabajo matizaron que el reconocimiento de esta lengua es sólo para las personas que libremente quieran utilizarla y que los discapacitados auditivos también pueden elegir la comunicación oral como coches auditivo. Para ello se facilitarán ayudas técnicas como audífonos e implantes.

En España existe un millón de personas sordas. Unas 400.000 conocen la lengua de signos, según Emilio Ferreiro, director de recursos de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). Pero apenas un 1% de los sordos llega a la universidad. "La ley garantizará un derecho tan fundamental como que cuando una persona sorda acuda al médico no se sienta extranjero en su propio país", dijo el presidente del CNSE, Luis Cañón.