La recta final del debate que se vive en el Congreso en torno al proyecto de ley antidesahucios tiene curvas. Y pronunciadas. Ni el Ejecutivo ni la dirección del PP ocultan la incomodidad que les ha producido el paso de la Junta de Andalucía, que prevé impulsar expropiaciones forzosas por tres años para evitar que familias en situación de especial vulnerabilidad se vean en la calle. Los conservadores, hasta ahora, argüían que los socialistas nunca habían legislado al respecto para defenderse de las críticas del PSOE por impulsar medidas "insuficentes". Pero el panorama ha cambiado.
La iniciativa de la expropiación adoptada por el Gobierno andaluz, presidido por José Antonio Griñán, ha impactado en la opinión pública. Y el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba ha dado su bendición. Es más, ha incorporado la norma andaluza a sus enmiendas parlamentarias (rechazadas por el PP) al texto gubernamental que el jueves será aprobado y enviado al Senado. Ante la estrategia de los socialistas, el Ejecutivo y el PP se volcarán en los próximos días para tratar de desacreditar las medidas de Griñán. Y destacados miembros del Gobierno se inclinan ya por recurrir las expropiaciones en el Tribunal Constitucional. Se ha encargado un informe a la Abogacía del Estado para tomar una decisión.
Quienes defienden ir al TC alegan que las expropiaciones serán, en cualquier caso, carne de tribunales, por lo que "lo mejor" es "defender unos principios" y dejar que el Alto Tribunal siente doctrina. Barajan presentar el recurso sin solicitar la suspensión cautelar del decreto, a fin de evitar "victimismo" por parte de la Junta de Andalucía, que ya tiene las primeras demandas de expropiación.
Los populares andaluces, sin embargo, preferirían no tener defender un recurso por inconstitucionalidad en la comunidad con mayor número de desahucios de primera vivienda (7.258 el pasado año). Está por ver si el equipo de Mariano Rajoy prima los argumentos jurídicos o los políticos. Fuentes de la Moncloa avisan de que el informe de la Abogacía del Estado será crucial.
DEUDORES Y ACREEDORES La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ya se encargó el viernes de proclamar que la norma andaluza no añade "nada" al proyecto del Gobierno central, sugiriendo que los socialistas solo buscan "titulares" en la prensa. Tras sus palabras hay un informe que maneja el Gobierno y que apunta que la expropiación en caso de desahucio atenta contra "la propiedad y la seguridad jurídica". Este dictamen apunta que el decreto andaluz no fija los requisitos que deberían cumplir los beneficiarios, sino que deja en manos de los servicios sociales locales la decisión de quién está en situación de vulnerabilidad: "Esto perjudica a los deudores --dice el informe--, ya que apreciar esta situación no será nunca objetivable, dependerá de los servicios sociales de cada municipio, lo cual llevará a tratamientos distintos. Y si la inseguridad es grande frente al deudor, frente a los acreedores es inasumible".
