El Gobierno tiene listo un decreto para compensar, con casi medio siglo de retraso, a las víctimas de la talidomida, un fármaco que se comercializó entre 1957 y 1963 como sedante para aliviar los vómitos y náuseas en las embarazadas y que provocó malformaciones congénitas a miles de personas. Muchos bebés nacieron sin extremidades y con brazos o piernas muy cortas. El franquismo ocultó estas malformaciones fruto del medicamento y los gobiernos democráticos las ignoraron e incluso llegaron a negar que se hubiese vendido el medicamento en España.
El decreto, promovido por la vicepresidencia del Gobierno, prevé indemnizaciones en función del grado de discapacidad de las víctimas. Las cifras oscilarán entre los 3.000 y los 100.000 euros, previa evaluación realizada por el Instituto de Salud Carlos III. José Marqués, presidente de la Asociación Española de Víctimas de la Talidomida (AVITE), calculó que en España "sobreviven con las secuelas unas 3.000 personas". Por el momento solo se ha reconocido como tal a 24 afectados.
