Salvo cambios de calendario de última hora --y en lo que concierne a la reforma sobre el aborto ya ha habido varios--, el próximo viernes el Consejo de Ministros dará su beneplácito a una de sus iniciativas más polémicas: una nueva legislación sobre la interrupción del embarazo. Se derogará la ley de plazos aprobada en la era Zapatero y se volverá a los supuestos. Pero el proyecto que están ultimando los conservadores del siglo XXI será más restrictivo que aquel que se aprobó en España hace casi 30 años y pondrá más impedimentos y trabas burocráticas a las mujeres que deseen abortar. Y eso será así pese a que el Ejecutivo central está sopesando renunciar a su idea de prohibir la interrupción de la gestación en caso de que al feto se le diagnostique una malformación, dejando abierta una vía para poder hacerlo en caso de que la madre alegue que no se ve preparada para traer al mundo a un bebé con una enfermedad muy grave y se acoja al supuesto del daño físico o psíquico --acreditado médicamente-- que esta situación le puede acarrear, según fuentes gubernamentales.

No era eso lo que dio a entender el ministro encargado de la reforma, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando declaró en abril a El País que se sentía "profundamente identificado" con aquellos ciudadanos que le agradecían su intención de hacer desaparecer "la discriminación por razón de discapacidad". "El principio genérico de la discapacidad no puede significar un trato desigual y una merma de derechos. Y esa no discriminación debe aplicarse también a los no nacidos", dijo entonces el titular de Justicia, que se negó a ser más explícito sobre sus planes.

RECOMENDACION DE LA ONU Con la vía que diseña el Ejecutivo, este argumento seguría siendo válido porque no se interrumpiría la gestación por motivos de discapacidad. Además serviría al gabinete de Rajoy para alegar que cumple la recomendación de la ONU, que pidió a España que excluyera este supuesto entre los motivos de aborto. Pero daría una salida (encubierta) a las mujeres o familias que no desean dar a luz un bebé con graves problemas de salud y que, en muchos casos, puede morir al poco de nacer. Gallardón, que pretende mantener el secretismo en torno a su proyecto hasta el día de su aprobación, niega que este vaya a significar un retroceso histórico en los derechos e insiste en que los motivos que le llevan a sustituir la ley de plazos (que permitía el aborto libre hasta la semana 14) son "éticos y constitucionales", sin más.

Según las fuentes consultadas, será Mariano Rajoy quien decida si permite o no la inclusión de esa mínima excepción en su reforma (o involución) de la legislación sobre el aborto, una excepción con las que están de acuerdo varias de las integrantes de su equipo y un sector del partido. Pero aunque la decisión última de Rajoy fuera favorable a la interrupción del embarazo en ese caso concreto (que está por comprobar), la mujer que prefiera abortar a dar a luz un hijo con mal diagnóstico prenatal lo tendrá difícil. Más que en 1985.

El PP prevé endurecer los requisitos para aquellas gestantes que aleguen motivos de salud. Es probable que la afectada necesite más de una firma médica para dar fe de que su salud está en riesgo y que el facultativo no pueda pertenecer al mismo centro donde se practicaría el hipotético aborto. "Se debe garantizar la desvinculación absoluta a la hora de emitir un dictamen, de cualquier tipo de concertación de servicio profesional", afirmó un Gallardón deliberadamente ambiguo hace meses.

En La Moncloa ya saben que, con independencia de matices sobre el duro proyecto inicial, su nueva norma recibirá el rotundo rechazo de una parte relevante de la sociedad, de la izquierda y de determinados colectivos de mujer. ¿Y a derecha? Los cálculos del Ejecutivo es que su proyecto, una vez desvelado en detalle, no servirá para calmar a su militancia más radical, y mucho menos para congraciarse con los grupos más ultras que exigen directamente que el aborto no se permita en España en ningún caso. Sí esperan que el centro --donde incluyen votantes propios y del PSOE moderado-- les reconozcan el cerrar la puerta a que las menores de edad puedan abortar sin permiso de sus progenitores, que la cerrarán.