El PP llegó ayer dispuesto a imponer su rodillo en la ponencia parlamentaria que tramita la ley antidesahucios, pero se topó con un imprevisto. Su propuesta había llegado demasiado tarde para ser incluida en el orden del día de la Mesa del Congreso y esta no le dio vía libre (no la calificó, en el término técnico). Resultado: el PP tuvo que ampliar el debate otra semana. Pero los conservadores tratarán de sacar partido de este contratiempo: aprovecharán el aplazamiento para intentar in extremis no quedarse solos con una propuesta que rechazan la oposición y los promotores de la ILP de dación en pago. Estos últimos han obtenido, a su vez, siete días adicionales para redoblar su presión en la calle. Hubo concentraciones en las sedes del PP de Madrid, Barcelona y Valencia.
Decidido a no introducir cambios de importancia, el partido del Gobierno deseaba cerrar ayer un debate que tiene perdido ante la opinión pública. Conscientes de ello, los grupos parlamentarios no salían de su asombro cuando el portavoz de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, les comunicó que el trámite se alargaba una semana más para que ellos pudieran presentar nuevas enmiendas. "La verdad es que no lo entendemos, ya hemos presentado todas las que debíamos presentar", se quejaba la socialista extremeña Leire Iglesias.
UN TEXTO "BASTANTE CERRADO" Si al menos Pujalte les hubiera emplazado para negociar o invocado una voluntad de consenso lo hubieran entendido, pero en la reunión les avanzó que el PP da el texto por "bastante cerrado", y en declaraciones públicas advirtió de que pese a su voluntad de llegar a acuerdos "el consenso no es un fin en sí mismo". Luego, conocieron los motivos reales, confesados por fuentes de su grupo a este diario.
Estas fuentes sostuvieron que "Pujalte intentará aprovechar el plazo adicional para ver a quién puede arrastrar para apoyar el texto". Todas la miradas se dirigen a UPD, el partido de Rosa Díez, porque es el único que no defiende la dación en pago, pero su portavoz en la ponencia, Carlos Martínez Gorriarán, dejó claro ayer que para obtener su sí el PP debe aceptar la aplicación de la ley concursal a las familias, su propuesta estrella. Una especie de dación en pago no generalizada al alcance de familias en quiebra. Pero Gorriarán admitió que no ha recibido ninguna señal positiva del PP.
A la misma hora que tenía lugar la ponencia y a escasos metros del Congreso, los promotores de la ILP pedían al partido del Gobierno que "rectifique". A Ada Colau, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la propuesta conservadora le parece "una burla" a los afectados y si se lleva adelante seguirán parando desahucios. Cuando leyeron el texto presentado el viernes por el PP quedaron "escandalizados" porque no recogía "ni una de las propuestas de mínimos" de la ILP y lleva al país "al caos judicial, económico y social".
RAJOY NO RESPONDE Colau recordó que los promotores han solicitado en varias ocasiones un encuentro con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y nunca les ha respondido. "Si les preocupara de verdad, habrían querido hablar con nosotros", señaló tras recordar que dos presidentes de otros países, Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolívia), han solicitado verse con la PAH para analizar la situación de sus compatriotas.
La líder de las víctimas de los desahucios intervino en el Ateneo de Madrid, flanqueada por los secretarios generales de UGT y CCOO, sindicatos impulsores de la ILP, quienes apoyaron también los escraches. Cándido Méndez lo calificó de una "iniciativa democrática que es una infamia confundir con iniciativas violentas". Colau recordó que se trata de recordar "la responsabilidad individual de cada diputado".
Una responsabilidad que eludirán incluso en el Congreso, porque la Mesa volvió a rechazar que la ley se vote en el plenario. Aunque el PP dispone de mayoría absoluta en la Mesa, la ausencia por enfermedad de la conservadora Celia Villalobos daba una oportunidad a la propuesta. Pero esta decayó tras registrarse un empate a cuatro en tres votaciones consecutivas. "No queremos que se repitan escenas como las de la admisión a trámite de la ILP", cuando los activistas de la PAH fueron desalojados, justificaron fuentes del Grupo Popular.
