Greenpeace ha solicitado hoy la paralización del proyecto de los nuevos pozos petrolíferos de Repsol en Tarragona. La ONG defiende que suponen un "elevado impacto ambiental" y que ha crecido el consenso mundial por una moratoria a estos pozos.

La organización ecologista ha presentado alegaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto por el que Repsol pretende explotar estos dos pozos que se encuentran situados frente a la costa de Tarragona, a una profundidad de 663 y 750 metros respectivamente, en aguas profundas, y cercanos al "vulnerable" Delta del Ebro.

Greenpeace advierte de que este tipo de perforaciones y explotaciones, "como ha quedado de manifiesto" con la explosión de la plataforma de BP, Deepwater Horizon, en el Golfo de México, entrañan "un riesgo aún mayor" que los pozos tradicionales, ya que las condiciones son más extremas.

Además, la industria petrolera ha demostrado que no es capaz de evitar la contaminación ni de encontrar soluciones solventes cuando es necesario, puesto que no ha logrado frenar el vertido cuando están a punto de cumplirse tres meses de la explosión.

APERTURA DE PROCEDIMIENTO PENAL

Según la ONG, hace pocos días un Juzgado de Tarragona abrió un procedimiento penal por los vertidos producidos en mayo y junio de 2009, durante las perforaciones y prospecciones de estos mismos pozos.

Greenpeace asegura que el procedimiento judicial en curso podría acabar con la condena de dos directivos de Repsol por delito ecológico por "grave negligencia en el diseño de la instalación y en la previsión de riesgos".

No obstante, precisa que hasta que no se dicte sentencia se desconocerán tanto las causas de los vertidos como la responsabilidad de Repsol y la empresa subcontratada por esta en el episodio de contaminación.

A esto hay que añadir, recuerda la ONG, que el pasado día 7 de julio, el Comisario de Energía de la UE, Gunther Oettinger, indicó que debería existir una moratoria sobre los permisos a nuevas perforaciones hasta que se conozcan las causas del accidente en el Golfo de México y se adopten medidas correctoras para operaciones similares.