La ONG Human Rights Watch (HRW) criticó hoy que el Gobierno mexicano haya hecho "poco progreso en los esfuerzos para procesar criminalmente" a los responsables de las violaciones de derechos humanos en el país. La organización señala en su informe anual, que presenta en Sao Paulo y Estambul de forma simultánea, que "las fuerzas de seguridad mexicanas se envolvieron en graves y repetidas violaciones de derechos humanos en operaciones contra el crimen organizado" durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo en 2012.

Crímenes que, de acuerdo con el documento, incluyen "ejecuciones extrajudiciales y tortura", contra las que el Ejecutivo no luchó con firmeza. El anuario denuncia además los "frecuentes casos de desapariciones forzadas" llevadas a cabo por parte de las fuerzas de seguridad, como el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa que, según la versión oficial, fueron retenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron.

HRW destaca sobre el caso "los graves fallos en las investigaciones conducidas por el Gobierno" y subraya que, conforme a los resultados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso "fue perjudicado por faltas procesales y la posible destrucción de pruebas esenciales". El documento también enfatiza que el número de desaparecidos en México llega ya a 25.500 personas y que elEjecutivo ha liderado "iniciativas potencialmente prometedoras" pero "poco efectivas" al respecto. Por otra parte, el informe recalca, citando a la ONU, que continúa habiendo en México un "número alarmante" de ejecuciones extrajudiciales, las cuales se enmarcan en "una impunidad endémica y sistemática". Un clima de violencia que sigue estando presente en el país, ya que, en palabras de HRW, "algunos jueces continúan desconsiderando denuncias de tortura y aceptando confesiones supuestamente obtenidas bajo coerción".

En este sentido, continúa, "el sistema de justicia criminal rutinariamente fracasa en garantizar justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos". La sección mexicana del anuario dedica asimismo un apartado a los ataques contra periodistas, que las autoridades "no investigan adecuadamente, al no tener en cuenta desde el principio su profesión como posible motivación". Por último, la ONG reprueba que "las leyes del país no protejan adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual" y, agrega, algunas disposiciones incluso "contradicen padrones internacionales".