El PP y una decena de organizaciones alentadas por la Conferencia Episcopal Española preparan una ofensiva frontal a la ley orgánica de educación (LOE) con una enmienda a la totalidad en su tramitación parlamentaria y con protestas en la calle. La clase de Religión y el empleo de estos docentes, los nuevos conciertos educativos, la financiación y los contenidos mínimos o rotura de la "unidad de España" centran el debate.
"La ley pone seriamente en peligro esta enseñanza", diagnosticó la Conferencia Episcopal Española (CEE) al conocer el texto. La jerarquía católica, que considera toda la ley "inaceptable", pide que, según los acuerdos Estado-Santa Sede de 1976, la Religión sea materia fundamental y evaluable como las Matemáticas, así como una alternativa similar, que también debe ser obligatoria.
La escuela concertada considera que la LOE "perjudica gravemente el principio de libertad de enseñanza y compromete el derecho de los padres a la elección de centro". Las patronales Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), a la que pertenecen numerosos colegios vinculados al Opus Dei, y la Federación de Religiosos de Enseñanza Centros Católicos (FERE-CECA), próxima a la Conferencia Episcopal, aseguran que la nueva ley "no considera la educación también como un servicio social" y la trata como "subsidiaria de la pública". Cuentan con el apoyo del PP y presumiblemente del PNV y CiU.
EL PROFESORADO Los 11.000 profesores de religión católica también anuncian movilizaciones para este otoño si no se cambia la disposición adicional segunda del proyecto, donde se indica que la "entidad religiosa, en su condición de empleador, facilitará a las administraciones las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones". Es decir, el Estado hará un pago delegado de los salarios, pero las respectivas religiones deberán contratar a sus docentes.
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad de la ley por romper la "unidad de España" en materia educativa y que ésta será una de las claves en las que los populares basarán su oposición. Rajoy, exministro de Educación, argumenta que la ley rebajará los contenidos mínimos que deben estudiar todos los alumnos de España, el 65% en las comunidades autónomas que tienen una lengua oficial y el 55% en las que tienen dos.
La financiación es otra clave del debate. Todos los grupos políticos, menos el PSOE, consideran que es escasa. La memoria económica de la ley prevé 6.043 millones de euros para financiarla, pero el Estado pagará solo el 58% de esta cantidad. De hecho la gratuidad de la educación de 3 a 6 años se lleva la mayor parte del presupuesto que paga el Gobierno central.
