Coincidiendo con la semana del Orgullo LGTBI+, el Ministerio de Igualdad inicia un periodo de consultas destinado a la elaboración de dos leyes que arrancan su andadura envueltas en la polémica, la ley contra la discriminación LGTBI y la ley trans, debido a que despiertan recelos en una parte del feminismo y del PSOE. El propósito del departamento capitaneado por Irene Montero es que dicho paquete legislativo incluya la autodeterminación de género, que implica que no sea obligatorio hormonarse durante dos años y contar con un aval médico para modificar el nombre y el sexo en los documentos oficiales.
Este propósito choca con un documento interno que el PSOE difundió y que rechaza que la llamada «autodeterminación sexual» tenga entidad «jurídica». Este argumentario sostiene que «los sentimientos, presiones o manifestaciones de la voluntad de una persona», sobre si se siente hombre o mujer, no deben tener «automáticamente efectos jurídicos plenos», lo que irritó al movimiento LGTBI, que considera este posicionamiento es «transfóbico» por «negar» a las personas trans y sugerir que reconocer sus derechos supone «borrar a las mujeres».
En este contexto, Igualdad inicia consultas sobre las leyes lgtbi y trans, con el objetivo de obtener el consenso necesario para sacarlas adelante, pero dejando claro que su intención es que se reconozca el derecho a la autodeterminación de género.
