Los inmigrantes deberían empadronarse con toda tranquilidad. Si hace unos meses los ayuntamientos más importantes de Cataluña anunciaron que no cederían el padrón a la policía pese a que así lo exige la nueva ley de extranjería, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha adoptado ahora una postura similar. La presidenta de este este organismo, Carmen Alcaide, ha asegurado que los censos locales pertenecen a los municipios y que, por tanto, no pueden ser cedidos a terceros.
"Nosotros no somos los propietarios del padrón. Lo son los ayuntamientos, que nos lo proporcionan con fines estadísticos, y es a ellos que habrán de dirigirse", explicó Alcaide a este diario.
La postura del INE es clave y no sólo porque los grandes municipios también hayan adelantado su negativa, sino porque, además, el INE dispone de la única base de datos conjunta que permitiría un acceso directo de los agentes como el que prevé la ley de extranjería. Esta, en uno de sus artículos, autoriza a la Dirección General de la Policía a conectarse de modo "automático" a los padrones municipales.
El empadronamiento no es un asunto accesorio ni ha pasado a un segundo plano tras la victoria electoral del PSOE. El PP introdujo el citado artículo con el apoyo explícito de los socialistas, que, tras las elecciones, han seguido poniendo el acento en el "control de los irregulares", en palabras de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.
UGT y CCOO, y otras organizaciones de apoyo a los inmigrantes alertaron entonces de que el acceso policial al padrón podría despojar en la práctica a los sin papeles de los derechos a la sanidad y a la enseñanza que les concede la ley. Sólo gozan de estos servicios los que están empadronados y el miedo podría arrastrar a muchos a no registrarse.
Otras fuentes del INE consultadas opinan que quienes redactaron la ley de extranjería introdujeron el mencionado artículo desconociendo la complejidad del manejo del padrón. "Dudo mucho de que la policía fuera capaz de utilizarlo en caso de poder acceder a él. Estas son las típicas previsiones que se introducen en una reforma y luego nunca se aplican", concluyeron las mismas fuentes.
Además, la Comisión de Libertades e Informática (CLI) ha pedido al Gobierno que deje sin efecto la norma que permite el acceso policial al padrón hasta que se pronuncie la dirección general de Mercado Interior de la Comisión Europea.
