El informe jurídico encargado por la FEMP, con motivo de la decisión del consistorio de Vic (Barcelona) de no empadronar a los inmigrantes indocumentados, concluye que los ayuntamientos tienen la obligación de registrar a estas personas en el Padrón, y si no, el Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), podrá hacerlo.
Así consta en ese informe, que será debatido el próximo día 26 en la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, tal y como ya ha adelantado su presidente, Pedro Castro.
Según recuerda el informe, los ayuntamientos están obligados a actualizar su padrón y, si no lo hacen, el INE, previo informe del Consejo de Empadronamiento, podrá ejercer la acción sustitutoria prevista en la Ley de Bases del Régimen Local.
SIN SER PRUEBA DE RESIDENCIA LEGAL
Indica el informe que "toda persona que viva en España está obligada a inscribirse" en el Padrón y al hacerlo adquiere la condición de vecino del municipio en el que se empadrona y, por tanto, los derechos y deberes que les atribuye el artículo 18 de la Ley de Bases del Régimen Local.
Pero este mismo artículo, añade el informe, establece que la inscripción de los extranjeros en el Padrón "no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España".
También aclara que la inscripción padronal "por sí sola no otorga al inscrito la condición de vecino de un municipio ni constituye prueba fehaciente de su residencia y domicilio", ya que para que esto ocurra "es necesario que quien pretenda hacer valer esos efectos, además de estar inscrito, resida habitualmente en el municipio", porque, señala, el Padrón Municipal es un registro de situaciones de hecho y "no de derecho".
