Un juzgado de Barcelona investiga el presunto desvío de fondos de la Fundació Roger Torné, que fue creada en 1984 por el empresario textil y mecenas catalán Josep Torné Pardell, fallecido en el 2000, para la ayuda a niños pobres y desfavorecidos y a sus familias. El magistrado ha citado a declarar como investigados para el próximo mes de octubre a cuatro miembros del patronato y a dos personas de su entorno que fueron detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía a principios de julio, tras la denuncia presentada por los herederos del industrial por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de capitales.

Entre los encausados aparece Jordi Domingo García-Milá, secretario no patrón de la fundación y que se ha significado políticamente por ser uno de los impulsores de la Constitución catalana, así como otros tres dirigentes de la entidad.

El despacho de Vosseler Abogados, que representa a la familia denunciante, ha declinado hacer cualquier comentario sobre la actuación judicial. La fundación ha manifestado que colaborará con la investigación y acudirá a la citación para exponer los hechos, que a su juicio desmienten la denuncia, y que aportará la documentación oportuna.

El empresario Josep Torné, también impulsor del Banco de los Alimentos de Barcelona, dotó a la fundación, cuando la constituyó, de un importante patrimonio. Aportó, en concreto, 3.000 euros, así como diversos inmuebles en Barcelona, Barberà del Vallès y Sabadell. En el 2014, el patrimonio de la fundación ascendía a 22 millones de euros.

CAMBIO DE RUMBO El deseo del industrial era que con las rentas de esas viviendas se financiara la entidad y se pudiera ayudar a los niños sin recursos económicos a través de becas, ayudas de comedor y otros servicios. En el 2000, tras fallecer Torné, fue nombrada presidenta su hija, Salut Torné Sanz, miembro del patronato desde la constitución de la fundación. Sin embargo, años más tarde, en el 2007, en una junta que la denuncia califica de "ficticia" y en ejecución de un "plan preconcebido", la hija del empresario fue destituida de su cargo, y los ahora investigados tomaron el control de la entidad. A partir de entonces, la fundación, según la denuncia, tomó otro rumbo. Si en el 2004 se destinaba el 70% de los recursos a las ayudas a los niños, a partir del 2007 este porcentaje se redujo al 10%, dedicando el resto a gastos de personal y explotación. A la vez, se redirigió la actividad de la fundación hacia la prevención de la salud respiratoria infantil.

Es a partir de entonces, según la denuncia, cuando miembros del patronato realizaron una serie de operaciones con el presunto objetivo de desviar fondos hacia fines que no tienen nada que ver con el fin social de la fundación. En último término, se agrega en la denuncia, los fondos acabaron presuntamente en posesión de personas o empresas relacionadas directa o indirectamente con los miembros de la dirección de la entidad o de su entorno.

Una de las operaciones denunciadas es la compra en el 2008 de nueve viviendas en un bloque de la calle de Sant Cosme de Terrassa. La empresa vendedora, Crantel Land, está vinculada, a través de tres sociedades, a Jordi Domingo, secretario de la fundación, y a otro miembro del patronato. Un informe de Unidad Económica y de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía pone de relieve que llama la atención el objeto de la compra, la sociedad a la que se adquiere, así como el momento de la adquisición y el precio. El crédito hipotecario fue de 1,4 millones de euros. Los agentes destacan el negocio "rentable" que hizo la vendedora en un momento de crisis en el sector inmobiliario.

Otra de las presuntas irregularidades está vinculada al programa Casa del Aire, cuyo objetivo es promover la educación al aire libre y en contacto con la naturaleza. Según la denuncia, los menores con patologías que iban a esas colonias eran desviados después a una consulta en la que también trabaja un miembro del patronato de la fundación. La entidad, además, editó un libro sobre salud infantil y medio ambiente en la editorial de un miembro de la fundación.

Los herederos también han denunciado la colaboración con una cátedra universitaria y los honorarios cobrados como abogado por Jordi Domingo por diversos servicios. Estas presuntas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la Generalitat en el 2012.