Con calificativos como "cuestionable", "forzado" y "de difícil aplicación" reicibieron los representantes de los jueces en Cataluña la directriz del fiscal jefe, José María Mena, de acusar de un delito de atentado --con penas de entre dos y cuatro años de cárcel-- a quien agreda a un profesor o a un médico. Ante la mirada escéptica del colectivo de profesores, que da la bienvenida al gesto de protección pero cuestiona que la vía penal sea la solución al problema, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tuvo que salir ayer en defensa de Mena.
Las tres asociaciones de jueces en Cataluña, dos de signo conservador y una progresista, coincidieron en que la orden es más un "mensaje, una llamada de atención" que un planteamiento jurídico con posibilidades de traducirse en condenas.
El representante de la asociación conservadora Francisco de Vitoria, Borja Villena, opinó que considerar funcionario público a un profesor o sanitario "es forzar demasiado el artículo del Código Penal". "Sería necesaria una reforma legislativa".
Pedro Llanera, que representa en Cataluña a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, dijo que "corregir estos excesos contra profesores aplicando un delito de atentado es, cuando menos, excesivo".
La apreciación más positiva vino del representante de la progresista Jueces para la Democracia (JpD), Ramón Yena. "Es forzado pero nosotros, los jueces, podemos decidir si condenamos", dijo, antes de agregar que "el planteamiento de la fiscalía es positivo y necesario". Se mostró contrario a cambiar la ley.
MAS PREVENCION Por su parte, los sindicatos, que hace una semana llamaron al profesorado a concentrarse en varios puntos de España, incluida Extremadura, para reclamar más respeto por los enseñantes y exigir que se erradiquen las agresiones, reaccionaron con tibieza.
La portavoz de USTEC-STES, Rosa Cañadell, calificó la iniciativa de "positiva", pero recordó que "las medidas represivas o los cambios legislativos no son suficientes". En términos similares se pronunció CCOO, que dio la bienvenida a la idea, pero avisó de que es igual de importante el fomento de la convivencia. UGT añadió: "Antes de pasar por un proceso judicial deben agotarse las medidas administrativas"
El secretario general de Educación, Alejandro Tiana, se comprometió a estudiar si el Código Penal es "suficiente" ante las agresiones a los docentes o hay que hacer "alguna reforma".
La consejera de Educación de Extremadura, Eva María Pérez, invitó ayer al PP a sumarse al Compromiso Social por la Convivencia firmado con los sindicatos, un documento "base" que, dijo, está abierto a cualquier tipo de sugerencia y mejora.
