Al ministro de Justicia, José María Michavila, le salió ayer el tiro por la culata. Quiso vender la reforma de la prisión preventiva, publicada esta semana en el BOE, como la solución para evitar la excarcelación de imputados que han cumplido cuatro años de prisión. Sin embargo, el presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Siro García, al que se le han fugado esta semana seis imputados por narcotráfico por ese motivo, fue el primero en decir que la reforma no cambia nada. Asociaciones de jueces le secundaron.
Michavila explicó, en declaraciones a la cadena SER, que su departamento había puesto en marcha "una reforma de la prisión provisional que consiste en una reforma eficaz y decidida para evitar que se produzcan hechos como éstos, que vienen siendo frecuentes".
Minutos después, en la misma emisora, Siro García, sostuvo que la reforma no afecta al fondo del problema. "La norma, antes como ahora, permite que en el caso de que se entienda que las dilaciones" que han evitado que los presos sean juzgados antes de estar cuatro años en prisión no sean imputables a la administración de Justicia, "como pueden ser maniobras de los letrados, no se compute ese tiempo".
Por su parte, el presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Sánchez Robledano, aseguró que esa reforma no es suficiente. "Son necesarias otras medidas complementarias", subrayó.
