Un juez ha ordenado a Twitter que entregue los datos de ubicación de los mensajes que se intercambiaron tres personas vinculadas a las filtraciones de Wikileaks, entre ellos los de una diputada islandesa y un activista holandés.

El Departamento de Justicia estadounidense reclamaba los datos de la diputada Birgitta Jonsdottir, el activista Rop Gonggrijp y el experto en seguridad estadounidense Jacob Appelbaum , en el marco de la investigación sobre los papeles de Irak filtrados por la web fundada por Julian Assange.

Twitter ya informó a los tres de la petición estadounidense, basada en ley sobre filtración de secretos, y estos hicieron pública sus identidades y denunciaron que habían sido rastreados por el Gobierno de EEUU.

Los tres afectados denunciaron al Gobierno alegaron el derecho a la libertad de expresión. El juez Liam O'Grady acaba de rechazar esta apelación y ha avalado en una sentencia de 60 páginas que la justicia estadounidense rastreara los mensajes en aras del interés de la investigación.

El juez argumenta que los usuarios "voluntariamente" ceden el uso de las direcciones IP cuando solicitan una cuenta de Twitter, por lo que renuncian explicitamente a la privacidad.