Las vías judiciales decidirán las responsabilidades del caso Prestige , pero no sólo en España. En Estados Unidos, una demanda presentada por el Gobierno español contra la sociedad clasificadora del petrolero, American Bureau of Shipping (ABS), ha desencadenado una contrademanda contra el Ejecutivo de Madrid tramitada ante la juez Laura Taylor Swain, de Nueva York. Los abogados de la empresa norteamericana acusan al Ministerio de Fomento de al menos 10 negligencias en la gestión de la crisis. Un jurado popular deberá decidir si la culpa del accidente es de ABS --firma que verificó que el buque estaba en condiciones de navegar-- o del Gobierno español, en una vista que no se celebrará hasta dentro de cuatro años.
ABS sostiene que el equipo del ministro Francisco Alvarez-Cascos retrasó la intervención del remolcador Ría de Vigo, obstaculizó el rescate de la firma Smit Savage, agravó el vertido al obligar al capitán a arrancar la maquinaria, cuya vibración agrandó la grieta, condenó al Prestige a afrontar el temporal al negarle el paso a un lugar abrigado y lo alejó del litoral sin consultar a ningún experto, y la compañía aporta pruebas.
