La cadena de anomalías judiciales en relación al presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés se sigue alargando. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigó el pasado noviembre el juzgado de lo penal de Sevilla que condenó por abusos a Santiago del Valle y, aunque no halló anomalías graves, sí detectó "cierta lentitud" en la tramitación de las ejecuciones de condena.

El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó a este diario que en noviembre del 2007 se realizó una investigación rutinaria sobre el juzgado de lo Penal número uno de Sevilla, en la que se analizó su funcionamiento general y estadístico. También se revisaron algunos asuntos, "pero no caso por caso", matizó. Esas indagaciones concluyeron que existía "lentitud" en la tramitación de las diligencias que se referían al cumplimiento de las condenas, las denominadas ejecutorias, e incluso un retraso en la cobertura de las bajas de personal, algo común en otros juzgados españoles.

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL Por este motivo, se realizaron una serie de recomendaciones, como que se remodelase el negociado de las ejecutorias; que se actuase de oficio para la ejecución de las órdenes de busca y captura o que se supervisaran los trámites. Se acordó además hacer un seguimiento trimestral de los casos, por lo que los avances debían ser comunicados precisamente estos días.

Este informe coincide, en parte, con el emitido el viernes por la fiscalía hispalense, en el que se constata que hubo un "defectuoso control de seguimiento" en la ejecución de la condena de dos años de cárcel por abusos al presunto autor del crimen, Santiago del Valle. Esta relajación se traduce en que, hasta el 7 de marzo, el ministerio público no recibió ninguna comunicación del juzgado en la que se notificase su desaparición y se solicitase su consentimiento para dictar una orden de busca y captura.

El CGPJ abrió el jueves una información previa respecto a la actuación desarrollada por Rafael Tirado, el juez encargado de ejecutar la sentencia que condenó a Del Valle por abusos sexuales a su hija de cinco años.

Por su parte, tres vocales de la minoría progresista del órgano de gobierno de los jueces han pedido al presidente, Francisco José Hernando, que convoque de manera "urgente e inmediata" una comisión permanente con la intención de que se aclare lo ocurrido en este caso.

Para la fiscalía sevillana lo más grave es la descoordinación con otras sedes judiciales. A causa de unos tocamientos a una menor en diciembre del 2006, un juzgado de instrucción de la capital hispalense impuso a Del Valle que debía presentarse los días 1 y 15 de cada mes. Y aunque el juzgado que le condenó le creía en paradero desconocido, el presunto asesino de la niña de Huelva acudía de forma regular a firmar a los juzgados desde enero del 2007, un trámite que repitió incluso a comienzos de marzo, cuando se refugió en Cuenca días antes de ser detenido por la muerte de Mari Luz.

Ahora han trascendido contradicciones sobre lo sucedido entre los detenidos. Del Valle afirma que la niña murió accidentalmente y la tiró por una cloaca, pero su hermana Rosa asegura que este la despertó para que le llevara hasta un polígono cercano para arrojar el cadáver.