La situación de Dolores Vázquez, encarcelada, condenada y aún no exculpada del asesinato de la joven Rocío Wanninkhof, ha reabierto el debate sobre la reforma de la ley del jurado. Las asociaciones profesionales de jueces y fiscales apuestan por mejorar la institución, pero con criterios diferentes.
Los juristas progresistas abogan por reducir la lista de delitos que competen al jurado mientras que los conservadores defienden cambiar la estructura misma del tribunal popular, convirtiéndolo en un sistema mixto en el que participen ciudadanos y jueces. Una tercera vía sería permitir al ciudadano la posibilidad renunciar a ser juzgado por un jurado y que lo hiciera un juez profesional. El Gobierno ha anunciado que pretende reformar la ley y se inclina por aplicar el sistema mixto.
Antonio Camacho, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), dice que la reforma "es necesaria desde hace tiempo". El aboga por eliminar de las competencias del jurado algunos delitos menores, como las amenazas, el allanamiento de morada o la omisión del deber de socorro. "Se quiere matar una hormiga con un cañón", alega. Rechaza la implantación del sistema mixto porque "los ciudadanos se pueden ver influidos por los jueces profesionales".
Miguel Carmona, de Jueces para la Democracia, sostiene que "lo fundamental es consolidar el modelo de jurado", aunque también defiende que deben corregirse algunas "deficiencias" como, por ejemplo, eliminar de las competencias del jurado los delitos menores. Pero advierte que "las reformas no se pueden hacer en caliente y con el impulso emocional del último telediario".
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez, estima que la ley del jurado ha propiciado "notables fracasos y errores", y se inclina por el sistema mixto.
