Los profesores de Religión dejaron ayer bien claro al Tribunal Constitucional (TC) que ellos "no son sacerdotes ni monjas" y que, por lo tanto, no están obligados a comportarse como tales. Esta fue la respuesta que dieron a la sentencia del TC, que afirma que el modelo de contratación de los maestros se ajusta a la Constitución y permite a la Iglesia escogerlos y seleccionarlos. Para ello, pueden juzgar "no solo sus conocimientos dogmáticos y aptitudes pedagógicas", sino también si su "conducta" personal se ajusta a "la transmisión de determinados valores".

El fallo responde a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a raíz del despido de María del Carmen Galayo, una profesora a la que el obispado no le renovó el contrato por "mantener una relación afectiva con un hombre distinto de su esposo, del que se había separado". La mujer denunció la decisión ante la justicia en Canarias. El tribunal no se pronunció sobre su caso en concreto, pero remitió una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la fórmula de contratación de los profesores de Religión, regulada en el Concordato de 1979 y en la ley de educación de 1990.

DERECHOS El TC ha avalado la constitucionalidad de la normativa de contratación. También ha indicado que los obispados son competentes para establecer la idoneidad de los candidatos siempre que en esta elección no se vulneren los derechos fundamentales. Ahora bien, el máximo tribunal dice que el órgano que tiene que juzgar si en el caso de la profesora despedida se han respetado --o no-- esos derechos es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Sin embargo, el TC deja clara su teoría al respecto: impartir clase de Religión es una actividad profesional que implica unas "exigencias" que "van más allá" de las que se aplican en otro tipo de empleos.

La sentencia fue rechazada por la Asociación Nacional de Profesores de Religión, que afirmó que el TC "desconoce" su situación al confundirles con curas o monjas. La maestra afectada dijo que irá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó que la sentencia ofrece seguridad jurídica al modelo de contratación de los profesores, recogido en la LOGSE y en la actual ley de educación.