La mayoría de denuncias a las residencias apuntan a la cárcel

«Su pulmón derecho está lleno de líquido», le dijo la doctora que cuidaba a su madre, según una grabación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. «De llevarla al hospital, nada ¿no?», le preguntó la hija. «No, nada —le respondió la médica—. Hablamos con el hospital, y no tiene criterios de derivación». E, impotente, añadió que así lo mandaba la Comunidad de Madrid.

Alejina aún tardó 16 días en morir. Ramona se desesperó por buscarle un hospital. Y el 3 de abril logró una plaza en el Jiménez Díaz de Madrid. Pero era tarde; ya solo se pudo sedarla. El 9 de abril falleció. Antes de caer en el sueño de la morfina, despidiéndose, su madre le dijo: «Hija, qué mal lo he pasado».

ANTES DEL COLAPSO / Ramona llora al recordar que, cuando su madre enfermó, el 10 de marzo, aún no había estado de alarma ni colapso en los hospitales. Pero existía aquella orden de la Comunidad de Madrid de no hospitalizar a ancianos. Por eso, grabó la conversación y adjunta ahora el audio a una querella redactada por su abogado, Ignacio Palomar, del bufete madrileño Servilegal, que integrará el aluvión de denuncias por lo que ha sucedido en las residencias.

«Hacer todo lo humanamente posible no exime de la responsabilidad, cuando menos civil», advierte el letrado. La querella de Ramona se diferencia de casi todas las 240 investigaciones a residencias que sigue la fiscalía en todo el país porque aporta un elocuente documento del triaje implacable que dejó a los ancianos sin derecho a uci.

La mayoría de las denuncias apuntan a la cárcel por delitos de omisión del deber de socorro, denegación de auxilio, negligencia dolosa y homicidio imprudente. «No queremos dinero, solo justicia», asegura María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora de Residencias que, en Barcelona y su área metropolitana, impulsa 30 denuncias a geriátricos en nombre de 180 denunciantes ante la fiscalía.

«Hasta la segunda semana de abril, en Barcelona no se hospitalizó a ancianos. Y a partir de entonces, llegaban desnutridos y deshidratados. Si esto se archiva, qué mal mensaje se daría a la sociedad», añade Carcelén.

Los cuatro hijos de Antonia García soportaron confinados la angustia de saber que su madre estaba enferma en la residencia Reina Sofía de Las Rozas (Madrid). No se les permitió verla hasta que murió, el 25 de marzo. Y cuando fueron a despedirse de sus restos, tres hijos y un yerno llegaron a la habitación de la madre y allí estaba: tumbada en su cama, con los ojos abiertos, la boca abierta y desencajada y el cuello torcido hacia atrás, en el gesto de intentar coger una última bocanada de aire.

DENEGACIÓN DE AUXILIO / Lo relata desde Málaga Ana Díaz, una de sus hijas, espantada y llorosa. «¡No la habían metido en una nevera, no le habían cerrado los ojos! El gesto que tenía es señal de que no la habían sedado, de que murió sin que la ayudara nadie, como un perro», clama. Ana cree que esa escena será prueba de denegación de auxilio o de omisión del deber de socorro, y así se lo contará a la fiscalía si la llama a declarar.

El caso se suma a las diligencias penales abiertas tras una denuncia de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare), que pide investigar lo sucedido en 51 residencias en marzo y abril pasados.

El viernes 27 de marzo, en plena vorágine mortal de los geriátricos, a Carlos López por fin, tras muchas llamadas, alguien le contestó al teléfono en el geriátrico Doctor González Bueno de Madrid, el más grande de España, con 617 plazas y más de un centenar de muertos.

Su madre, Teresa, de 90 años, estaba allí ya muy mal. Carlos trataba de saber algo. «Nos impedían el paso de las llamadas», relata. La trabajadora social que le atendió le dijo: «No tenemos dirección ni instrucciones». Él está convencido de que «aquello fue durante días una nave sin rumbo». Y eso, en su dolorido fuero interno, cuenta como delito de denegación de auxilio. Carlos también espera que «quien permitió esta negligencia lo pague; que no se quede sin pagar».