La nueva ley educativa irá acompañada de una memoria económica en la que cada nueva medida implantada tendrá su correspondiente partida económica. Una comisión integrada por representantes del Ministerio de Educación y de Economía y Hacienda ha realizado esa evaluación al detalle. Fuentes ministeriales insisten, sin embargo, en la corresponsabilidad de las CCAA a la hora de financiar el gasto, lo que hace pensar que las cantidades presupuestadas en la memoria no satisfarán las exigencias de los Gobiernos autónomos.
El fracaso de algunos aspectos de la LOGSE, como el tratamiento de la diversidad del alumnado, ha sido atribuida por parte de los defensores de la norma a la inexistencia de una memoria económica que acompañara la puesta en marcha de muchas de las medidas previstas en la ley, que requerían una inversión adicional para tener éxito.
