Mi hija no está aquí", declaró ayer ante el tribunal Josep C., el padre de S., de 11 años, una de las cuatro niñas obligadas a declarar ante su presunto agresor sexual, su profesor de kárate, después de que el juez denegara la colocación de una mampara para evitar que se vieran. Mientras se celebraba el juicio en Barcelona, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, garantizó en Madrid que la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal prevista para esta legislatura evitará situaciones como las que han tenido que atravesar estas menores.
Pese a mostrarse muy prudente con la decisión del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona, presidido por el juez Pedro Martín, el ministro dejó claro que "el Gobierno mantiene su compromiso de acometer una reforma global con sentido claramente garantista". López Aguilar preciso que los cambios incluirán "una mejor protección de todos los derechos que se ven involucrados en un proceso penal, incluidos los de los menores". Esta modificación pasaría por convertir en una obligación lo que ahora es discrecional de cada juez, pese a que un protocolo lo recomienda: evitar la confrontación visual entre la víctima y el acusado.
El juicio enfilará hoy su tercera jornada y los jueces tomarán una decisión sobre la incomparecencia de la menor S. Puede dar por válidas sus declaraciones en la instrucción o suspender la vista para que un psicólogo la vuelva a examinar y precisé si puede acudir a declarar.
A PUERTA CERRADA Los jueces también pueden dar a la menor por incomparecida. En ese caso, ganaría peso la posibilidad de que quedara absuelto de los presuntos delitos cometidos contra esa niña. Hay otra posibilidad, aunque descabellada, y pasa por que el tribunal y el acusado se desplacen a casa de la niña. Una posibilidad que nadie tomaba ayer en serio.
La declaración de las otras tres víctimas se celebró a puerta cerrada. Fuentes judiciales explicaron que, pese a que el juez se había mostrado rotundo en denegar la mampara, luego dispuso una suerte de protección a modo de barrera humana. Dos mossas d´esquadra de paisano acompañaron a las niñas al entrar en la sala e intentaron que no se toparan con el agresor. La silla en la que se sentaron a declarar las víctimas estaba situada de tal forma que daban la espalda al presunto agresor. Durante la declaración, una funcionaria se colocó junto a ellas de tal forma que, si giraban la cabeza, no se encontraran con la figura del profesor de kárate.
"Es como poner una tirita a una herida que necesita puntos". Con este símil valoró una fuente judicial la decisión del presidente del tribunal.
La abogada Lara Padilla, que ejerce la acusación particular, explicó al finalizar la vista que las declaraciones de las menores fueron declaraciones "valientes, y en unas más que otras dominaron los nervios y dejaron claros los abusos a los que fueron sometidas". La defensa del acusado declinó hacer declaraciones.
DRAMA FAMILIAR A puerta abierta fueron las declaraciones de los padres de las víctimas, que desvelaron un desgarrador drama familiar. El presunto agresor sexual, Francisco Castro Salazar, para el que el fiscal pide 19 años de cárcel, no miró a la cara de los padres en los interrogatorios.
El padre de S. explicó por qué no llevó a su hija. "Ayer por el lunes, cuando le dije que tenía que volver a declarar, se puso a llorar como no la había visto nunca", explicó el progenitor de la niña, que sufrió unas agresiones más graves. "Tenía incluso convulsiones nerviosas", añadió. También recordó que cuando la tutora le explicó lo sucedido "no lo quería creer".
Completamente consternado, el padre de S. rememoró cómo su hija loró "desconsoladamente" el día que le preguntó qué había sucedido. El hombre también recordó cuántas veces su hija había insistido en no querer ir a las clases de kárate: "No nos decía por qué cuando se lo preguntábamos".
La madre de T., otra niña agredida cuando tenía 6 años, lloró sin consuelo durante la declaración. El llanto fue el denominador común en las madres. El juicio continuará hoy con la declaración de la Guardia Civil y las tutoras de las víctimas.
