Un paso para adelante, otro paso para atrás y vuelta a empezar. Un día después de que el Gobierno lanzase mensajes contradictorios sobre su plan antidescargas y de que su máximo responsable rectificase a la ministra de Cultura, la vicepresidenta desveló que los intentos para frenar el intercambio de archivos protegidos en internet comienzan de cero. María Teresa Fernández de la Vega no concretó ayer el nuevo camino, pero ahora, al menos, se sabe que el recorrido hasta el momento, que contempla el cierre administrativo de las webs piratas sin autorización judicial y ha generado un motín en la red, ya no se seguirá. La pelota está en el suelo.

La tan criticada disposición final del anteproyecto de la ley de economía sostenible, señaló la vicepresidenta, será modificada.

A los cuatro motivos existentes que justifican el corte del acceso a la red --la salvaguardia del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional; la protección de la salud pública; el respeto a la dignidad de la persona, y la protección de la juventud y de la infancia--, la embrionaria norma añadía uno nuevo: la salvaguarda de los derechos de protección intelectual, y con esa cobertura jurídica la titular de Cultura, Angeles González-Sinde, anunció el martes que una comisión administrativa, dependiente de su ministerio, perseguiría a las webs que facilitan las descargas.

DEBATE PREVIO Pero todo eso es el pasado. Más allá de la correctiva declaración del jueves de José Luis Rodríguez Zapatero, el futuro es incierto. Sin embargo, según explicó una De la Vega que se esforzó en arropar a la criticada y desautorizada González- Sinde, pasará por abrir un debate previo entre los implicados y por impulsar una normativa común en la UE. Ambas fórmulas pueden hacer que la solución al enrevesado problema de la defensa de la propiedad intelectual y los derechos de los usuarios sea menos traumática.

En primer lugar, porque una de las críticas de los internautas al Ejecutivo residía en el hecho de que ellos ni habían sido informados. El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, por ejemplo, explicaba que el 19 de noviembre, justo después de que el Parlamento Europeo autorizase a los estados a cortar internet sin necesidad de un control judicial previo, durante una reunión con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, le preguntó qué iba a ocurrir en España. Esta, según Pérez Subías, fue la respuesta de Ros: "Todavía es muy pronto". Dos semanas después, se incluía la disposición final primera en la ley de economía sostenible.

Y en segundo lugar, porque si el Ejecutivo logra aprobar una normativa común europea, aprovechando su presidencia de turno durante el primer semestre del 2010, puede decir en este asunto que no es solo España, sino toda la UE, quien ha emprendido una senda que, sea como sea, siempre acabará siendo impopular y supondrá un coste electoral. De ahí que el jueves, ante el revuelo creado, saliese el presidente del Gobierno a decir que "bajo ningún concepto" se iban a cerrar webs y que "si hay que aclararlo, se aclarará".

Son palabras que han descolocado a casi todos. A la titular de Cultura, que vio cómo Zapatero decía lo contrario de lo que ella estaba diciendo. Al PP, que sabe que puede erosionar al Ejecutivo en este tema, y ahora, tras la marcha atrás presidencial, se enfoca en la "desautorización" a González-Sinde. A los internautas, que siguen manteniendo las movilizaciones porque, según dijeron varios representantes del colectivo, "de momento son solo palabras". Y a la industria cultural, que, tras celebrar la medida del Ejecutivo, ahora no sabe muy bien a qué atenerse.