El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, es partidario de que la investigación sobre los 261 casos de niños robados que la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) presentó la semana pasada en su departamento se lleve a cabo desde las fiscalías territoriales. Aún no se ha tomado la decisión, precisan fuentes cercanas al fiscal, pero coincide con uno de los argumentos de los denunciantes, que reconocen que no hubo una mafia coordinada a nivel nacional para sustraer recién nacidos a sus verdaderos padres y vendérselos a otras familias entre los años 50 y 80, sino redes locales.

Por ello, es previsible, según las mismas fuentes, que remita a sus colegas las denuncias o pida a los demandantes que dirijan su petición, de forma individualizada, al tribunal donde supuestamente se produjeron los delitos. Es probable que no se pronuncie sobre la prescripción de los delitos y deje en manos de sus colegas territoriales la decisión.

Fuentes de Anadir confirmaron que no han recibido notificación por parte de la fiscalía. No obstante, consideran que sería un "éxito" el envío de las demandas a los tribunales correspondientes porque su fin es que la justicia no de carpetazo al asunto y continúe investigando. Hasta ahora, solo los andaluces han abierto diligencias.

Anadir calcula que entre 1950 y 1980 hubo 200.000 adopciones irregulares. El patrón era similar: los implicados comunicaban a las madres, con escasos recursos, que sus hijos habían muerto en el parto. Los bebés eran vendidos por entre 50.000 y un millón de pesetas a otras familias, que no solían saber que fueron robados.