La familia de Juan Antonio Villaplana, administrativo en una empresa textil, y las otras 46 que residían en el edificio Granada, en el barrio de La Viña de Lorca, llevan casi dos años tratando de aclarar si van a poder reconstruir el inmueble, calificado como no habitable por el informe de una empresa y por los propios servicios técnicos del ayuntamiento, mientras que para la empresa subcontratada por el consorcio de aseguradoras sí era habitable.

El municipio obligó a demoler el edificio por su peligrosidad. "Si lo derribaba el ayuntamiento, nos cobraba 230.000 euros; buscamos una empresa que lo hizo por 180.000", explica Juan Antonio. Finalmente, hace poco más de un mes el consorcio reconoció que su estado era técnicamente de ruina: "Nos confirma que nos indemnizará, aunque desconocemos la valoración y si esta cubrirá obra nueva, derribo, alquiler y mobiliario".

A Juan Antonio, el primer terremoto le sorprendió con la familia en casa. El segundo le pilló en el trabajo. Pero su mujer y su hijos sí estaban en casa, de la que tuvieron que salir porque la estructura del edificio quedó gravemente afectada. Solo se les permitió sacar lo imprescindible, ropa y objetos personales; pero dentro "se quedaron los muebles y recuerdos de 35 años", que con el derribo se perdieron para siempre.

Durante seis meses la familia vivió en una casa en la localidad vecina de Puerto Lumbreras, cuyo alquiler pagaba el consorcio. Luego volvió a Lorca, también de alquiler, pero el seguro se había desentendido al no considerar que su casa estuviera en ruinas. Su futuro "es una incógnita".