Un diálogo de sordos. El PP siguió ayer en sus trece de no cambiar ni una coma del polémico proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), la ley Wert, y los grupos de la oposición, salvo Foro Asturias y UPyD, empezaron y acabaron la primera sesión del debate de enmiendas en la comisión de Educación del Congreso denunciando casi con las mismas palabras que la reforma supone "un ataque y una clara transgresión de las competencias de las comunidades autónomas" y afirmando que será derogada "durante el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura" y "se paralizará de inmediato" su aplicación. Contando, claro, con que el partido que lidera Mariano Rajoy pierda las próximas elecciones.

El debate culminará mañana con la votación y aprobación de las 42 enmiendas presentadas por el PP, que serán añadidas al texto, además de otras nueve de poco calado. Tres son del BNG y piden adaptar las pruebas de evaluación a los alumnos con necesidades especiales, y las otras seis las han presentado UPN y Foro Asturias. Para las más de 100 del PSOE, otras tantas de IU y 40 de CiU, tan solo quedará el recurso al pataleo.

REVALIDAS Y CONCIERTOS Así, irán a parar al limbo la eliminación a petición de IU de las pruebas externas o reválidas al final de cada etapa, que varios grupos consideran antipedagógicas. La misma suerte correrán las propuestas de CiU de que no se publiquen los resultados de cada centro educativo si las evaluaciones son aprobadas o de traspasar el pleno ejercicio de gestión de becas a las autonomías. Tampoco prosperarán las del PSOE de que se dé prioridad a la red de centros públicos y se deje en segundo término a los concertados, o de que la ley no entre en vigor hasta septiembre del 2015.

De hecho, el texto no solo eliminará la prioridad de los centros públicos, sino que permitirá a las comunidades autónomas "convocar concursos públicos para la construcción y la gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional".

En línea con los sectores más conservadores y la jerarquía católica, el PP rechazará la petición de IU de eliminar los conciertos educativos para los centros de enseñanza diferenciada, así como la inclusión explícita de la educación sexual entre los contenidos de la ESO. Tampoco admitirá que la religión no sea evaluable, como piden la mayoría de los grupos.

La oposición insistió ayer en que la ley "supone un ataque a la igualdad de oportunidades y un retroceso en relación con la equidad y la calidad". También defendió que se ha hecho sin contar con la comunidad educativa. "Responde a un intento centralizador y uniformizador del sistema educativo español", resumió Isabel Sánchez Robles, del PNV. "Es un ataque al modelo catalán y a su inmersión lingüística", clamó Martí Barberà, de CiU. El PP, según su portavoz, Sandra Moneo, espera que la ley salga del Congreso, aprobada por la mayoría absoluta de su partido, el 10 de octubre con destino al Senado.