La propuesta española de crear una orden europea de protección para las mujeres víctimas de violencia doméstica logró ayer un nuevo avance, a pesar de la firme oposición de la Comisión Europea (CE) y de las enormes reservas de varios países comunitarios que consideran que el proyecto español es defectuoso e inviable. El objetivo de la iniciativa es extender automáticamente a cualquier Estado de la UE las medidas dictadas por otro estado miembro para proteger a una mujer, como una orden de alejamiento del maltratador.

El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE), presidido por el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, aceptó transmitir el proyecto al Parlamento Europeo para proseguir su tramitación. Los países opuestos a la controvertida iniciativa --Alemania, Gran Bretaña, Austria, República Checa, Eslovenia, Letonia y Hungría-- prefirieron no forzar una votación para no humillar a España y dejaron que prosiguiera su tramitación con la convicción de que la propuesta no superará la próxima fase. Esos países suman suficientes votos para bloquear el proyecto.

PROBLEMAS JURIDICOS La propuesta española ha tropezado desde el principio con la oposición frontal de la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, que considera que la base jurídica utilizada no es válida (artículo 82 del nuevo Tratado de la UE). La comisaria Reding sostiene que esa base no puede utilizarse porque se refiere a decisiones judiciales, mientras que en numerosos países europeos la medidas de protección frente a las víctimas de la violencia no son judiciales, sino administrativas. Por ejemplo, en España esas medidas de protección son judiciales, pero en otros Estados, como Alemania, tienen carácter administrativo. En otro grupo, como Gran Bretaña, tienen carácter mixto.

El debate público de la propuesta española fue muy tenso, con enfrentamientos entre Caamaño y Reding y entre Caamaño y los ministros de Alemania, Gran Bretaña y Austria. Caamaño reprochó a Reding "una interpretación limitada a inflexible" del Tratado de la UE y una "inmovilidad absoluta".