Mientras engrasa la maquinaria legal con la que espera apretar las tuercas a los ayuntamientos manirrotos, el Gobierno deja vislumbrar ya su próximo objetivo: las comunidades autónomas, que tendrán que someterse, posiblemente a partir del año próximo, a nuevos controles por parte del Estado.
El concepto de moda estos días en Hacienda es el de coste estándar , una fórmula con la que trata de establecer un criterio homogéneo que sirva para evaluar la eficiencia en la prestación de servicios. El departamento de Cristóbal Montoro está embarcado ya en aplicar el concepto a los gastos municipales (tendrá listo el resultado antes de fin de año) y alerta de que utilizará la misma receta con las comunidades.
"La financiación autonómica tiene que sustanciarse en el coste estándar", advirtió ayer el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. El número dos de Montoro dejó entrever que gracias a instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) el Estado conoce las "tripas del gasto" de los servicios que prestan las administraciones. El pago de "millones de facturas", continuó, permite a Hacienda conocer si el coste de una prestación está inflado por una "decisión política de ofrecer más calidad o por una ineficiencia".
"El primer desvío solo podrá darse cuando haya un superávit en los gastos obligatorios mientras el segundo tiene que corregirse obligatoriamente. Así de claro", sentenció.
Las consecuencias
Ahora falta por ver en qué se concreta esta nueva amenaza que, previsiblemente, generará una tempestad de órdago en el poder autonómico, mayoritariamente en manos del PP. La comparativa entre unas comunidades y otras para establecer en qué consiste la llamada "eficiencia" y el amago de sanción a aquellas que inviertan más de lo debido se sumaría, además, a la retahíla de controles que el Gobierno ha instaurado ya desde que llegó al poder. A la ley de estabilidad presupuestaria se suma la vigilancia extraordinaria a la que deben someterse las administraciones que han solicitado el FLA. La ley de transparencia y buen gobierno, por su parte, pondrá en el ojo de la diana a los dirigentes, que serán inhabilitados si gestionan indebidamente los presupuestos.
Los ayuntamientos, por su parte, se someterán con desgana a la auditoría sobre sus servicios, pero a cambio se contentan con el compromiso de que recibirán fondos suficientes para sufragar las llamadas "competencias impropias", que suponen el 25% de su exiguo presupuesto. Montoro garantizó ayer a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) que si las comunidades no costean las prestaciones en sanidad o servicios sociales que ahora asumen los ayuntamientos, Hacienda les detraerá de las transferencias las cantidades correspondientes.
La rebaja salarial
La reforma local, que el Gobierno quiere enviar al Congreso antes de julio, contempla también un posible tajo (aún no cuantificado) al salario de los empleados municipales que el Ejecutivo trató de disimular. Mientras tanto, Montoro ofreció nuevos detalles sobre la negociación del déficit asimétrico. El ministro aseguró que las comunidades que se quedaron "más distanciadas" del tope en el 2012 (1,5% del PIB) son las que tendrán que hacer un mayor esfuerzo.
