Los fiscales de Seguridad Vial acordaron ayer proponer sanciones penales por "comisión por omisión" para los funcionarios por "incumplir gravemente" sus deberes en la construcción, mantenimiento y señalización de carreteras, un colectivo que nunca ha sido condenado por esto.

Este acuerdo persigue velar por el cumplimiento el artículo 385.2 del Código Penal, que regula el delito de "comisión por omisión", para casos en se ponga "en grave riesgo la circulación", una norma que está en vigor desde 1962, pero que "hasta ahora nunca se había aplicado para funcionarios", explicó el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Bargas, que también informó de que 16.119 conductores fueron condenados en 2008 por conducir sin carnet.

Bargas presentó en León las conclusiones de la III edición de las Jornadas nacionales de Fiscales de Seguridad Vial, en la que se acordó ampliar el espectro de actuación de la fiscalía, no solo a los conductores, sino a los titulares de la vía, concesionarias, contratistas, peatones y demás personas que puedan generar riesgo para la seguridad vial.

De este modo, propondrán sanciones para los funcionarios cuando se detecten déficit importantes en la construcción de carreteras, se diseñen trazados de curvas peligrosos, firmes claramente irregulares y se produzcan graves errores al señalizar.

Para poder ser sancionados, se deberá demostrar que era consciente de la situación y que es competente en la materia.

También acordaron dar instrucciones a las policías judiciales estatales, autonómicas y locales para que investiguen estos delitos y redacten atestados.

Además, se propone "fomentar" la aplicación del delito penal de la omisión de socorro, para proteger a las víctimas de accidentes, y analizaron el comiso (privación definitiva) del coche, como sustitutivo de la pena de prisión, en el caso de los reincidentes que generen un riesgo inminente para la seguridad.