El Gobierno insiste en poner el foco del problema de los desahucios en los actos de protesta de las víctimas. El Ministerio del Interior anunció ayer que la policía alejará de los domicilios de los políticos los escraches de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de forma que se garantice la "intimidad" y la "seguridad" de los mismos. La medida se inspira en la tomada por la policía autonómica vasca, que estableció un perímetro de exclusión de 300 metros, pero Interior fijará en cada caso la longitud del área vetada los manifestantes, en función de la configuración de las calles, aclaró el ministro, Jorge Fernández Díaz.

Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la aclaración del ministro fue en realidad una rectificación. El SUP aseguró que ayer por la mañana que Interior había remitido una instrucción a todas la comisarías ordenando alejar los escraches a 300 metros, y luego la sustituyó por otra que hablaba de "distancia prudencial". "Podrán ser 30 ó 300 metros, eso lo decidirán los responsables policiales en cada caso", precisó Fernández Díaz.

La decisión desató un alud de reacciones contrarias, desde el PSOE a las asociaciones de jueces, pasando por los internautas, que llenaron twitter de chanzas. Pero, más allá del rechazo, lo difícil es que se pueda ejecutar.

En el caso del diputado del PP por San Sebastián José Eugenio Azpiroz, la Ertzaintza pudo fijar un perímetro porque la entidad convocante, Stop Desahucios, había comunicado oficialmente la manifestación, pero la PAH no solo no los comunica, sino que los mantiene en secreto hasta el último minuto. Hoy, por ejemplo, hará uno. Ha convocado a los suyos en la plaza de Castilla, pero el domicilio al que se irán puede estar lejos de allí. Solo unos pocos, que guían al resto, conocen el destino. Y una vez están allí las posibilidades de la policía de establecer un perímetro de seguridad ya son escasas.

Jaume Asens, letrado de la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Barcelona opina que el fin no parece otro que "provocar incidentes" que "permitan seguir criminalizando las protestas".

También podría ocurrir que los tribunales desautorizasen la orden. Por lo pronto, Stop Desahucios recurrió ayer la decisión de la Ertzaintza ante al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al considerar que "vulnera los derechos de reunión y manifestación recogidos en la Constitución". Respalda, además, su petición con argumentos recogidos en diversas sentencias que han permitido concentraciones incluso en jornadas de reflexión.

Los antidesahucios mantendrán los escraches previstos, como mínimo hasta el jueves de la próxima semana, día en que la comisión de economía del Congreso aprobará el texto definitivo de la reforma hipotecaria.

REACCIONES Pese a que el PSOE rechaza los escraches, tampoco comparte la drástica medida del Gobierno. "Ni el Ministerio del Interior, ni el secretario de Estado de Seguridad pueden dictar una orden de esta naturaleza porque los derechos de reunión, de manifestación y de libre circulación son derechos fundamentales protegidos por la Constitución", advirtió su portavoz.

Para la portavoz de la PAH, Ada Colau, es "una vergüenza que una vez más el Gobierno reaccione con la rapidez que no está teniendo para atajar los desahucios y otras situaciones que afectan a los ciudadanos". Y Jueces para la Democracia estimó que "podría ser inconstitucional" si se limitase el derecho fundamental de manifestación.