"Nunca se tuvo que llegar a sondar a mi madre. Será legal, pero no es ético". La familia de Ramona Estévez respira tranquila tras haber tenido que reclamar ante la Consejería de Salud de Andalucía para que se cumpliera la normativa y la voluntad de la mujer: que la dejasen morir tranquila y le retirasen una sonda alimentaria que no debió aplicarse y que fue aceptada bajo presión. Se trata del primer conflicto en el que la Administración tiene que intervenir para hacer cumplir la ley de muerte digna, en vigor desde el 2010 y que se aplica con "normalidad" en toda la comunidad, según Salud.

La mujer, de 91 años, sufrió un infarto cerebral el pasado 26 de julio que la dejó en un estado de coma irreversible. Fue trasladada al Hospital Blanca Paloma de Huelva, un centro concertado de sesgo religioso que está especializado en personas mayores terminales, donde a los pocos días, según denuncia el hijo de la paciente, José Ramón Páez, el médico que les atendía les informó de la "necesidad" de alimentarla mediante una sonda nasogástrica.

SU VOLUNTAD Ramona siempre había expresado su voluntad de que "cuando llegara el momento le dieran una pastillita para poder morir tranquila", en palabras de Páez. Lo sabían tanto su familia, como su médico de cabecera y las cuidadoras que la atendían, pero no lo dejó por escrito. Así que la familia se negó al tratamiento.

Empezó entonces un "tira y afloja" con el doctor que concluyó en un ultimátum. "O le poníamos la sonda o se iba a casa bajo nuestra responsabilidad", explica su hijo entre lágrimas. "Y el médico nos dijo que no alimentarla estaba castigado por el Código Penal". Bajo ese "chantaje", como lo define, y ante su desconocimiento de la ley, aceptaron un tratamiento que incluso provocó infecciones pulmonares a la mujer. "Nos decían que no sentía, que estaba inconsciente. Entonces, ¿para qué mantenerla con vida indefinidamente?", insiste su hijo, que también lamenta: "Convirtieron a mi madre en una máquina de bombear sangre".

AMPARADOS POR LA LEY Tras conocer la ley a través de la prensa, Páez decidió contactar hace días con la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), que les explicó que estaban amparados por la ley. Con la norma en la mano, el lunes reclamaron ante la Junta y el hospital, perteneciente al mismo grupo que en el 2007 se negó a retirar un respirador mecánico a Inmaculada Echevarría, la paciente granadina que inspiró la pionera norma andaluza de muerte digna.

Salud llamó al centro esa misma mañana para "recordarles" que se trataba de un caso claro de encarnizamiento terapéutico y que había que cumplir la voluntad de la paciente, en este caso manifestado por la familia, pese a no haber un testamento vital oficial. En pocas horas, a la mujer le fue retirada la sonda porque el hospital "entendió los derechos legales del paciente y las garantías para los médicos" que recoge la ley, según explicó la Junta. H