La gastronomía supone en España el 33 % del PIB y genera el 18 % del empleo, pero carece de un marco jurídico unitario que la regule, algo con lo que se ha propuesto acabar la Asociación Europea de Derecho y Gastronomía, que en mayo presentará su propuesta legislativa a los grupos parlamentarios, según anuncia el abogado Javier Cremades, impulsor de la iniciativa junto con la Real Academia de Gastronomía (RAG) y la Federación de Cocineros y Reposteros de España (Facyre).

«Es importante promover una Ley Integral de Gastronomía porque actualmente existen 57 normas con rango de ley y el sector, de gran importancia económica, requiere más unidad para tener mayor más seguridad jurídica», indica Cremades, quien reclama a los poderes públicos que «sean conscientes de que la pujanza del sector, incluso a nivel internacional, requiere que se mire como marca de país e instrumento de competitividad».

Esta normativa, que por el momento ha sido «bien recibida» por los partidos políticos, asegura el presidente de la RAG, Rafael Ansón, también estaría «conectada con el derecho a la vida y a la salud», de forma que se garantice «el derecho a comer no en un restaurante con estrella Michelin pero sí a comer bien, saludable y sabroso».

En este sentido, Ansón apunta que sería necesario establecer como «obligación para la Administración local» que se facilite el acceso a la población a comida «fresca a precios racionales» a través de mercados frente a la proliferación de comida procesada.

Salud, seguridad alimentaria, fiscalidad, distribución, comercio, derechos de autor y propiedad intelectual serán los aspectos que abordarán.