El jueves de la pasada semana, mientras Mariano Rajoy comparecía en el Parlamento para dar su versión del caso Bárcenas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) envió al PSOE su propuesta de recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley antidesahucios. Los socialistas estudiaron el texto. Aunque estaban de acuerdo con la mayor parte de los argumentos del colectivo, observaron algunos "fallos", así que decidieron basarse en este escrito pero presentar su propia acción ante el máximo garante de la Carta Magna. En principio, ambas partes salían ganando. La PAH conseguía más de los 50 diputados necesarios para poder acudir ante el TC. El principal partido de la oposición podría argumentar que su causa era la misma que la de los afectados. Sin embargo, ayer, cuando el PSOE anunció que interpondría el recurso antes del 16 de agosto, al otro lado solo se escucharon reproches.
Ada Colau, portavoz de la asociación que ha logrado llevar al primer plano el drama de los desalojos, acusó a los socialistas de piratería. A su juicio, deberían haber dado por buena su propuesta tal como estaba, sin tocar una coma, pese a que quien presenta el recurso sea el partido que lidera Alfredo Pérez Rubalcaba. Ante las puertas del TC, Colau dijo que el PSOE se estaba adueñando de sus argumentos con el único fin de "seguir jugando" a la política. "Exigimos que no se apropien del trabajo ajeno. No se puede politizar el clamor del pueblo", señaló.
CRITICAS A AMBOS LADOS Una vez más, los socialistas, que siguen teniendo complejo de culpa por su inacción durante la pasada legislatura, se ven en tierra de nadie. Por un lado, el Gobierno, que les critica por su comportamiento durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y les afea que ahora que se han tomado medidas para frenar los desahucios (tachadas de "tibias" e "insuficientes" por los afectados y la oposición al completo) no apoyen la iniciativa. Por otro, la PAH, que les culpa de querer rentabilizar sus esfuerzos.
En cualquier caso, se trata del último cartucho, al menos hasta que haya un cambio de Gobierno, para tumbar una norma que impone condiciones muy estrictas para detener un desahucio. Entre otras, que los ingresos familiares no sean superiores a 1.600 euros mensuales y que la cuota de la hipoteca suponga más del 50% de esa renta. Solo las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos y las que tengan un menor de tres años podrán beneficiarse de la ley. El PSOE insiste en que lo importante aquí es que se va a presentar un recurso que, por otra parte, quizá siga sin resolverse cuando haya un inquilino en la Moncloa que no sea del PP. El Constitucional puede tardar hasta 13 años en resolver.
"Estamos examinando la propuesta de la PAH --explicó ayer Rubalcaba--. Tiene argumentos muy importantes, pero algunos faltan, y otros, a nuestro juicio, deben redactarse de otra manera. El problema no es quién estampa la firma, sino ganar. Vamos a hacer el mejor recurso posible". El escrito ante el TC todavía no está terminado, pero según explicó a este diario la diputada Leire Iglesias, portavoz socialista de Vivienda, se basará en las supuestas violaciones de la norma respecto al derecho al acceso a la vivienda, a la protección del menor y a la igualdad de trato.
Aunque evitaron cargar las tintas para que la noticia no pasara del recurso ante el TC a los roces entre el PSOE y el colectivo de afectados, otros dirigentes se mostraron sorprendidos por la actitud de la PAH. "No tiene ningún sentido --sostuvieron--. No pueden pretender que firmemos a ciegas su propuesta. Nosotros les dijimos que haríamos nuestras aportaciones, como ya hicimos con la iniciativa legislativa popular que presentaron en el Congreso. En su escrito había partes muy mejorables. Por ejemplo, algunos juicios de valor en el preámbulo. Ellos no pusieron ningún problema. Por eso no entendemos lo que ha ocurrido".
Mientras tanto, el colectivo, que más allá de sus disputas con los socialistas ha logrado que la ley sea escrutada por el Constitucional, quiere mantener viva su propuesta de recurso. Para la PAH, la norma vulnera "al menos" seis derechos, que van desde la inviolabilidad del domicilio a la tutela judicial. Colau anunció que cuentan con el "apoyo" de IU-ICV y la "confianza" de ERC y Compromís, partidos que, todos juntos, no suman los 50 diputados necesarios para tocar a la puerta del TC.
