Al menos 15 personas han sido detenidas en Valladolid en una operación que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria mantienen abierta por una supuesta estafa en la que, al parecer, empleados de la empresa funeraria El Salvador incineraban a los fallecidos en ataúdes más baratos que los adquiridos por las familias. La Delegación del Gobierno en Castilla y León confirmó ayer esta operación, mientras que fuentes de la misma informaron de que las actuaciones se están desarrollando en el tanatorio que la funeraria tiene en Valladolid, situado en el cementerio de El Carmen donde actuaron más de una veintena de policías y miembros de la Agencia Tributaria. Además, los agentes realizaron registros en las dependencias que la empresa tiene en la céntrica calle Angustias, en la capital, así como en otra en el municipio vallisoletano de Santovenia. La investigación, que trata de determinar si los empleados de la funeraria cambiaban los ataúdes comprados por los familiares por otros de menor precio en el momento de la incineración, se inició en el 2017 aunque la operación y los registros comenzaron ayer,
La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, pedía «prudencia» ante la operación, ya que sigue en curso y «cualquier información podría interferir». Balcones aseguró que en cuanto el juez lo permita comparecería el rueda de prensa para informar de este asunto.
La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) reclamaba ayer la depuración de responsabilidades. Conocida la investigación en marcha, la asociación, a través de un comunicado, se apresuraba a matizar que la mercantil investigada no forma parte de sus asociados, para a continuación condenar enérgicamente este tipo de actuaciones.
«En el caso de que se probara la veracidad de las prácticas publicadas e investigadas, instamos a la Justicia a que depuren todas las responsabilidades. Este tipo de actos no solo dañan la imagen del sector funerario sino que causan un profundo dolor a las familias implicadas», advierten desde la asociación. «El código deontológico de Panasef, que condena estas malas praxis, es asumido por todas las empresas asociadas y es un compromiso de profesionalidad y transparencia hacia las familias», concluyen las mismas fuentes. La difusión de la noticia y la operación policial causaban ayer una profunda conmoción entre los vecinos de la capital pucelana y del resto de la provincia. Muchos de ellos usaron las redes sociales para hacer pública su indignación y repulsa.
