Internautas, proveedores y hasta políticos alzaron ayer voces críticas contra la precipitada aprobación, anteayer por la noche, de la ley británica que permitirá cortar la conexión a internet de quienes descarguen material de forma ilegal reiteradamente.
La tramitación de la ley de economía digital, que incluye la medida para combatir la piratería con programas P2P (usuarios que comparten archivos), se vio acelerada por la disolución del Parlamento británico, que se hará efectiva el lunes debido a la convocatoria de elecciones generales.
Las prisas provocaron que el Gobierno se dejase en el tintero algunas medidas que el borrador de la ley preveía, como la introducción de un impuesto sobre la telefonía fija para financiar la expansión en zonas rurales de una banda ancha más rápida.
Otra de las medidas que fueron abandonadas establecía la posibilidad de que el Gobierno pudiese bloquear sitios de internet que infringen el copyright. Sin embargo, introdujo otra enmienda esta misma semana por la que esto se podrá conseguir tras una orden judicial.
Sin embargo, la medida más controvertida es la que prevé que, a petición de los propietarios del copyright, los proveedores de internet estén obligados a enviar cartas de advertencia a aquellos usuarios que se sospeche hayan violado la ley de propiedad intelectual y que, en caso de persistir, les acaben cortando la conexión.
Además, los propietarios del copyright podrán solicitar una orden judicial para acceder a los nombres y direcciones.
Esta medida supone un endurecimiento respecto a los planes que el Gobierno dio a conocer el pasado junio, y cuya medida más draconiana era reducir la velocidad de los infractores.
En cualquier caso, aún tienen que establecerse algunos de los detalles de la medida, por lo que no se espera que se envíe la primera remesa de cartas antes de comienzos del 2011.
