El proyecto Castor se planificó en años de bonanza con la previsión demasiado optimista de que España iba a necesitar en breve un gran depósito donde almacenar gas. Sin embargo, el retroceso en el consumo ha ocasionado que hoy en día no sea una instalación "tan necesaria" porque "hay exceso de recursos", admitió ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, dando a entender que el sistema energético podría sobrevivir sin ella durante años. Y sugiriendo también que puede demorarse mucho la decisión sobre el cierre o no de la planta. "Debemos hacer un análisis sobre las necesidades", dijo.

El ministro compareció ayer en la Comisión de Industria del Congreso para explicar a petición propia la actuación de su departamento en la crisis del Castor y la viabilidad futura del almacén, pero en los asuntos clave mantuvo la indefinición de los últimos días y se remitió siempre al estudio, o estudios, que preparan el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero (IGME). "No les puedo dar un plazo para la presentación de resultados --insistió--. Lo esencial es que trabajen con calma y precisión". Soria no quiso especular y se limitó a repetir que la planta no reabrirá hasta que se garantice totalmente la seguridad para las personas y el medio ambiente, aunque asumió que "sería difícil" detener la explotación si los expertos determinan que no hay peligro.

En todo caso, recordó que mucho antes de que empezara la serie de terremotos su departamento recurrió ante el Tribunal Supremo la cláusula que le obliga a pagar una indemnización millonaria a la empresa concesionaria si la actividad del Castor cesa por decisión del Gobierno en los primeros años de explotación. El recurso solicita incluir una excepción que especifique que eso no sería así "en caso de negligencia grave" atribuible al propio operador. Soria asumió que los cálculos de Escal UGS son ciertos y que el proyecto ha costado 1.700 millones.